jueves, 24 de diciembre de 2015

Revocación del mandato: inconstitucional

  • Publicado también el 3 de enero en Altavoz México: ver aquí.



24 de diciembre de 2015


REVOCACIÓN DEL MANDATO: INCONSTITUCIONAL




Entre las múltiples figuras de participación ciudadana, la que más ha llamado la atención últimamente es la de la revocación del mandato.

Esta figura jurídica es un procedimiento de participación ciudadana por medio del cual la ciudadanía puede dar por concluido el mandato que se le ha conferido por medio del voto popular a cierto funcionario público (ya sea alcaldes, gobernadores o presidentes).

Los argumentos más populares a favor y en contra de la revocación del mandato son los siguientes:
Revocación del mandato
Argumentos a favor
Argumentos en contra
1. Es una forma de democracia directa sustentada en la soberanía popular, resulta lógico que quien elija a sus gobernantes pueda también destituirlos si no hacen un buen trabajo.

2. Medida de presión para mantener la cercanía entre los funcionarios y la ciudadanía.

3. Promueve la participación ciudadana, pues la ciudadanía tendría que mantenerse vigilante y crítica de la actuación de sus gobernantes.

4. Se fortalece el sistema representativo, ya que el funcionario buscará tomar decisiones conforme a lo que la ciudadanía desee.

1. El momento correcto para la evaluación popular de un funcionario es al finalizar su cargo.

2. El procedimiento revocatorio es polarizado y plagado de emociones que confunden al electorado.

3. Puede provocar rigidez en el funcionario por miedo a actuar.

4. Tendría un alto costo la realización del procedimiento.

Como yo estoy a favor de la revocación de mandato, me queda decir que suscribo los argumentos a favor y que discrepo de cada uno de los de en contra. Se dice que es hasta finalizar el cargo cuando es oportuno evaluar al funcionario, pero no estimo que esto sea lo correcto porque de nada sirve en la praxis el señalar defectos de una administración si ya no puede hacerse nada para revertirlo. En cambio, a la mitad de su mandato (por ejemplo), si se considera que el funcionario ha actuado mal, se puede evitar mayor daño para la ciudadanía.

En cuanto a que el procedimiento revocatorio está lleno de emociones que confunden al electorado, no me había encontrado con un argumento tan bobo. Suscribo que la revocación del mandato puede estar plagada de confusiones y se presta a manipulación de las masas por medio de otros grupos políticos y los medios de comunicación (¿o medios de desinformación?)... Pero, ¿no es eso lo que sucede en cada una de las elecciones populares? Si a esas vamos, mejor no tengamos una república democrática.

En cuanto a que puede causar rigidez en el funcionario por medio a que sus decisiones sean reprobadas por la ciudadanía, si bien es en parte cierto, más bien puede ayudar ese miedo a que se tome más en cuenta la opinión y los deseos de la ciudadanía. Suscribiría ese argumento si estuviéramos hablando de la eliminación del fuero político, pero estamos hablando de una evaluación ciudadana a los funcionarios que han utilizado mal el poder que les fue conferido.

También se dice que sufriríamos un alto costo debido a la realización del procedimiento revocatorio. Y sí. Pero digo, nuevamente, ¿no es eso lo que gastamos en cada una de las elecciones populares? ¿No es mejor gastar recursos del erario en un instrumento democrático al que la ciudadanía debiera tener el derecho garantizado en lugar de gastar en sobornos, dádivas y otras cosas para las que son usados nuestros recursos? Además, si se gastan más de 40 millones de pesos al año para mantener a nuestros ex presidentes, podemos gastar en un instrumento de participación ciudadana que resulta necesario tener.

Quiero precisar que, si bien estoy a favor de que se legisle sobre la figura de la revocación de mandato a nivel federal y a nivel local en todas las entidades federativas, eso no significa que lo promueva como primera opción. Es decir, estimo que al intentar participar en las decisiones o evaluar a nuestros gobernantes, debemos primero agotar todos los demás mecanismos de participación ciudadana (como lo son las iniciativas populares, las contralorías ciudadanas, las consultas populares, entre otras figuras) y dejar como último recurso la figura de la revocación del mandato. Esto, con el objetivo de tener un mayor control y evitar que la ciudadanía se apresure en tomar una decisión radical sin antes haber analizado con detenimiento la administración del funcionario que busca destituir.

Sí puede considerarse a la revocación del mandato como un derecho político inalienable del ciudadano, basándose en el principio constitucional de la soberanía popular. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucional a dicha figura jurídica y, ante esa jurisprudencia, ya no hay marco de actuación en las Constituciones y legislaciones locales. Ganó el “en contra” en este debate. Y esto desde el 2012 (año de una de las jurisprudencias emitidas por la Corte).

Y, aún así, vemos cómo los legisladores del estado de Nuevo León se felicitan mutuamente por la recién aprobada Ley de Participación Ciudadana, celebrando como logro principal la aprobación de la figura de la revocación del mandato.

No hay que dejarnos manipular. Para empezar, fue aprobada unánimemente. Y vemos a muchos diputados adjudicarse la “lucha ganada” por la aprobación de esta ley y criticando a los de otros partidos (penoso ver peleas entre nuestros diputados en lugar de acuerdos en pro de la ciudadanía). En segundo lugar, no es logro de los diputados, sino logro de las organizaciones de la sociedad civil que llevan aproximadamente 10 años impulsando esta ley.

En tercer lugar, no es siquiera un logro tal cual, puesto que es una ley incompleta (como dicen, es “atole con el dedo”), ya que se crean figuras con facultades que realmente cualquier ciudadano tiene (como las contralorías ciudadanas) y se limita el ejercicio de ciertos mecanismos por los reglamentos que emitirían el estado y los municipios (como los consejos consultivos ciudadanos). Así, hay muchas “trampas” en la ley que lo único que hacen es, repito, darnos “atole con el dedo”.

Y por último, pero no menos importante, está el hecho de que la revocación del mandato, como ya se mencionó, es inconstitucional por jurisprudencia de la Corte. O sea, no sirve de nada que aprueben una ley que contemple esta figura o reformen la Constitución local para que pueda legislarse al respecto. A continuación, transcribo un extracto de la jurisprudencia en cuestión:

Acción de inconstitucionalidad 8/2010


Revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales. Constituye una forma de dar por terminado el cargo de los servidores públicos referidos que carece de sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 109, fracción I, de la Constitución General establece como única forma de dar por terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados de la Legislatura Estatal antes de la conclusión legal de su mandato, la de la responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda establecerse válidamente una diferente en las Constituciones de los Estados. De ahí que la figura de la revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales, como facultad del Congreso del Estado, constituye una forma de dar por terminado su cargo que carece de sustento constitucional.

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 21/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.


Estimo infundado que la Corte haya declarado que la figura de la revocación del mandato no tiene fundamento constitucional, ya que el sustento es precisamente el principio de la soberanía popular.

No obstante, así es: la revocación del mandato es inconstitucional. Entonces, cuidado con dejarse manipular por nuestros diputados locales: la joya de su “gran logro” (la aprobación de la revocación del mandato dentro de la Ley de Participación Ciudadana) no sirve para absolutamente nada.


Lamento agüitarles la fiesta. Y feliz navidad.


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Aviso: Todo lo escrito es a título personal. Lo expresado en este espacio es exclusiva responsabilidad de la autora y no representa de forma alguna el criterio de ninguna institución a la que pertenezca.

lunes, 14 de diciembre de 2015

¿Es inconstitucional el salario mínimo general vigente?




(El 1% vive a costa del 99%)



14 de diciembre de 2015 



¿Es inconstitucional el
salario mínimo general vigente?





“Tú no dependes de un salario para sobrevivir, dependes de los recursos que un salario te permite alcanzar.”
- Fabricio Terán, economista y abogado.


Dos chicles, dos huevos o un bolillo y medio son tres ejemplos de lo que alcanza con 2.94 pesos. De esa cantidad es el aumento al salario mínimo general para el año 2016 que aprobó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Actualmente está en 70.10 pesos; con el aumento en cuestión, será de 73.04 pesos. Este aumento es un descaro, una burla... no hay palabras que pueda utilizar, que no sean soeces, para describirlo.

Ante el reproche inquisitivo a la CONASAMI por parte de la sociedad por ese aumento, el Lic. Basilio González Núñez, director de dicha Comisión, replicó:
“Los verdaderamente pobres de México son aquellos que no tienen empleo, los desempleados. Y la respuesta básica es entonces para los que no tienen empleo. Si tienen periodos largos sin tener ingresos, ¿qué creen que preferirían? ¿Un salario mínimo o no tener ingresos?”

Esa declaración me parece el colmo de los colmos. Es como decirle a una persona: “Te voy que cortar una pierna. ¿Qué prefieres? ¿Que te corte una o que te corte las dos?” Así de absurdo suena el Lic. González Núñez con su declaración.

Pero claro, a él le resulta fácil, ya que gana 2,798,600.00 pesos anuales, lo que equivale aproximadamente al salario de 115 personas. Y está en el cargo de director desde 1991, año en que se creó el organismo.

Así las cosas, ¿cómo quieren que no protestemos? Además de que se trata el tema del salario mínimo como si fuera una especie de caridad... ¡no! Es trabajo impago.

En comparación con otros países del continente americano, México está en una posición vergonzosa. El salario mínimo general en Argentina es de 535 dólares mensuales; en Brasil, es de 306 dólares mensuales; en Chile, es de 411 dólares mensuales, en Colombia, es de 359 dólares mensuales; Estados Unidos, es de 1,616 dólares mensuales... Y en México, el salario mínimo es de 112 dólares mensuales, siendo este el más bajo de todo América.

En fin, más allá de la evidente injusticia que es el establecer un salario mínimo tan pobre, me gustaría invitar a una reflexión jurídica al respecto que tuve este fin de semana cuando, de repente, se me ocurrió la no tan demente idea de que el salario mínimo general vigente es inconstitucional. Les platico mi razonamiento.

El artículo 123 fracción VI primer párrafo de la Constitución Política Federal establece lo siguiente:
“Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.”

En la segunda oración del primer párrafo de este artículo se habla de áreas geográficas para la determinación del salario mínimo general. Esa disposición queda ya inaplicable, puesto a la reciente aprobación de la desindexación. Es decir, México ya no se divide en región A (norte) y región B (centro-sur) en cuestión del SMG. Este es ahora igual para toda la República.

El segundo párrafo del mismo artículo establece lo siguiente:
“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. (...)”

Por la ambigüedad que conlleva la expresión “necesidades normales”, tomemos lo que cuesta una canasta básica: 86.33 pesos. Ahora bien, el acuerdo por el que la CONASAMI determina el salario mínimo es un acto de autoridad. Y, por principio, todo acto de autoridad debe apegarse a lo que establece la Constitución.

En ese sentido, ¿no puede considerarse inconstitucional cualquier acuerdo de la CONASAMI que determine como salario mínimo general cualquier cantidad menor a lo que cuesta (por lo más mínimo) una canasta básica? Yo estimo que sí.

Quiero recalcar que un salario de 70.10 pesos cubre apenas el 80% de una canasta básica, pero una canasta básica no es sino lo más mínimo de necesidad humana para sobrevivir... falta tomar en cuenta la educación, vivienda, vestido y demás necesidades.

Varios políticos han propuesto que el salario mínimo debe ser por lo menos de 170 pesos por jornada, entre ellos el Dr. Agustín Basave Benítez, presidente nacional del PRD. Y se han logrado pequeñas victorias que encaminan a ello. Una de ellas fue la desindexación del salario, impulsada por ese mismo partido y apoyado por otros.

Un segundo paso es la ahora exigencia de un aumento al salario que llegue a 86.33 pesos, para poder cubrir una canasta básica completa. Y de allí en adelante, la izquierda partidista y la sociedad civil organizada fijan como próxima meta la fijación de un salario mínimo de 170 pesos. Esto equivale a 10 dólares por jornada trabajada de ocho horas... y en Estados Unidos varía el salario mínimo en los estados entre 7 y 10 dólares por hora.

Pero bueno, si bien la meta de 170 pesos por jornada parece irrealizable (por lo menos en el corto y mediano plazo) ante tanta oposición gubernamental, estimo que vale la pena reflexionar esto:

1. Si la Constitución establece que el salario mínimo debe cubrir las necesidades normales,
2. Si una canasta básica es lo más mínimo necesario,
3. Si una canasta básica cuesta 86.33 pesos,
4. Y si la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determina el salario mínimo en una cantidad menor a, por lo menos, 86.33 pesos,
5. ¿No se puede considerar el acuerdo de dicha Comisión inconstitucional?


Es sólo una idea... ¿Qué piensan ustedes?

¿Sí o no? ¿Y por qué? Comenten aquí abajo.




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lunes, 7 de diciembre de 2015

#Marihuana: un debate que debieran ser dos

  • Publicación original en el portal Altavoz México: ver aquí.




7 de diciembre de 2015

#Marihuana:
Un debate que debieran ser dos
  

María Santos
María  Santos  (Colaboradora)
maria.santos 


“Chile se suma a la legalización de la marihuana medicinal. Y el presidente [de México] haciendo un debate cargado y con línea desde los pinos.”
– Raúl Elizalde Garza


El debate sobre la legalización de la marihuana no es de surgimiento reciente. En México, hay especialistas en política de drogas y en seguridad pública que han propuesto su legalización desde hace más de una década. Sin embargo, comenzó a tomar más fuerza y atención el tema a raíz del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, por su estrategia contra el narcotráfico que tuvo como efectos colaterales muchas muertes de civiles.

Ese sexenio llevó a toda la población a reflexionar sobre una mejor política de drogas: una que acabe o, por lo menos, que tranquilice la violencia descomunal que han provocado los cárteles del narcotráfico.

Aunado a este contexto histórico reciente, está el famoso caso de Grace Elizalde Benavides. Grace es una niña de ocho años que desde su nacimiento tiene el Síndrome de Lennox-Gastaut. Entre otros padecimientos, este síndrome le provoca a Grace más de cuatrocientas convulsiones diarias.

Ante esta situación, sus valientes padres, Raúl Elizalde y Mayela Benavides, solicitaron a la Secretaría de Salud que les dejara importar de Estados Unidos un medicamento derivado de la mariguana, el Cannabidiol, que está científicamente comprobado que ha ayudado a muchas personas con el mismo padecimiento de Grace a controlar su enfermedad.

Les negaron el permiso, sin siquiera fundamentar bien su resolución (la razón fue que el THC (elemento de la marihuana) tiene efectos psicoactivos y podía afectar la salud de Grace, pero el Cannabidiol no contiene THC). Debido a la negativa, se ampararon y un juez federal en materia administrativa les otorgó una suspensión provisional para que Grace pudiera recibir el medicamento, argumentando que se violaba su derecho humano a la salud.

Como la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la SSA interpuso un recurso de queja ante dicha suspensión provisional, el abogado de la familia de Grace solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva el caso de fondo. Pero por lo pronto, la niña está recibiendo el Cannabidiol y ha tenido notables mejoras.

A su vez, un grupo de ciudadanos integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante obtuvieron una sentencia favorable de parte de la SCJN ante un amparo que interpusieron en materia del consumo lúdico de la marihuana.

La tesis aislada de la Corte declaró inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso y cultivo de la marihuana para fines recreativos, argumentando que violan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

Entonces, la situación jurídica actual es la siguiente. La legislación vigente no considera al consumo de la marihuana un delito, pero sí considera delitos el cultivo y la distribución de la marihuana. Es decir, la ley te dice: “sí puedes consumirla, pero no puedes cultivarla, comprarla, distribuirla, ni nada similar”. Bueno, ¿entonces cómo la consigo sin cometer un delito en el proceso? Esta situación es absurda, claro está.

Por el reciente auge de presión social y resoluciones judiciales en torno al tema, el Gobierno Federal ha convocado a una serie de debates sobre la despenalización de la marihuana, los cuales serán abiertos al público e incluirán a médicos, especialistas, académicos y funcionarios públicos. El objetivo es abordar los dos temores principales de la legalización: la seguridad pública y la salud de las personas.

Queda claro que una política prohibicionista es lo peor que puede adoptarse si se busca mejorar la situación de la seguridad pública. Definitivamente ya vamos tarde con la legalización de la marihuana y la política de drogas prohibicionista sólo ha contribuido al derrame de sangre en el país, por lo que sólo veo necedad en ese sentido por parte de los prohibicionistas.

Y en materia de salud, está científicamente comprobado en muchísimos estudios que nadie ha muerto de una sobredosis de marihuana, que no genera adicción (hay unos que dicen que sí, pero precisan que el porcentaje es de 9%) y que además tiene beneficios médicos. De nuevo, sólo veo necedad por parte de los prohibicionistas que no quieren ver dichos estudios. Son sus prejuicios contra la ciencia. Nada más.

Quisiera dejar clara una consideración personal. Es algo que creo que no se ha tomado en cuenta ni por el Gobierno ni por la ciudadanía. Sobre esto tuve un intercambio de ideas con el Lic. Fernando Belaunzarán y con el Sr. Raúl Elizalde Garza, padre de Grace: se trata de la necedad de embarullar dos debates en uno.

Estimo importantísimo que el Gobierno Federal y la ciudadanía en general esté consiente de que no debe haber un debate sobre la legalización de la marihuana. Deben haber, mínimo, dos: uno en torno al uso lúdico y otro en torno al uso medicinal. Y, por supuesto, que este último debe tener prioridad sobre el primero.

Considero que se ha estado confundiendo una cosa con la otra y es muy importante segregar ambos temas porque, si bien ambos engloban la legalización de la marihuana, las finalidades son enteramente distintas. Así, las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto para manifestarse en contra, si bien es su derecho, contribuye a la confusión: contribuye a que de algo que debieran ser dos debates separados, se haga uno.

El uso medicinal de la marihuana no debería siquiera estar en discusión, dados los múltiples estudios médicos que sustentan este y la enorme cantidad de niños y adultos que podrían beneficiarse de los medicamentos derivados de ella. El que sí amerita debate es el del uso recreativo porque, aunque yo estoy a favor y creo que ya vamos tarde para la despenalización, vivimos en una democracia y todo lo que concierne al pueblo debe ser objeto de escrutinio público.

No obstante, me gustaría que todos estuviéramos conscientes de que estamos discutiendo un tema, mezclando cosas que no deberían mezclarse, en lugar de discutir dos temas, como debe de ser, por separado.

En  ese sentido, propongo a la ciudadanía que se reflexione sobre la legalización de la marihuana en dos ámbitos separados: uno con fines médicos y otro con fines lúdicos. No debemos mezclar. Pido al Gobierno Federal que se realice la serie de debates que convocaron, igualmente, con esos dos puntos de análisis distintos, atendiendo a la diferencia de los fines con los que se busca legalizar esta sustancia.

Esto es, ahorita, lo que me parece más importante recalcar sobre el debate de la legalización de la marihuana.


“El debate está cargado completamente al lado recreativo. La marihuana medicinal no está siendo tomada en cuenta seriamente.”
– Raúl Elizalde Garza




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Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.

domingo, 6 de diciembre de 2015

Actualización de la petición #QuitenRegistroAlVerde – Change.org






PVEM: dejen de atacar al Dr. Santiago Nieto y déjenlo trabajar



María Santos Villarreal                                                              Diciembre 6, 2015 

Buenas tardes a todos.



Como bien saben, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha siquiera estudiado nuestro recurso de apelación, interpuesto hace tres meses aproximadamente. Queremos que el TEPJF determine la pérdida de registro del Partido Verde y no nos han respondido.

A la par de toda esta situación, se realizó una investigación en la FEPADE en contra de Arturo Escobar por la firma de contratos ilícitos, en su calidad de representante del PVEM, para la compra y entrega de tarjetas “Premia Platino” con el fin de atraer votos.

Con base en la investigación de la FEPADE y las pruebas que tienen, la PGR solicitó a un juez federal que gire una orden de aprehensión contra el ahora ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM.

El PVEM ha respaldado públicamente a Escobar y ha protagonizado una serie de ataques contra el Dr. Santiago Nieto. Los ciudadanos no vamos a prescindir de exigir que se lleve a cabo un juicio justo, con un juez imparcial, para procesar y, de ser probada en juicio su culpabilidad, para condenar a Arturo Escobar por ser un delincuente electoral.

Invitamos a Cauce Ciudadano, autor de la petición change.org/arturoescobar, y a los mexicanos que no se han unido aún a continuar la exigencia de que #QuitenRegistroAlVerde. Las investigaciones por delitos electorales en contra de su entonces representante legal demuestran que sí hubieron graves y sistemáticas violaciones a la ley.

Asimismo, exigimos enérgicamente que dejen trabajar tranquilamente al titular de la FEPADE. No es posible que el único funcionario que hizo bien su trabajo de cara a las elecciones pasadas sea víctima de ataques personales perpetuados por el impune Partido Verde. 

No nos quedamos callados ante esta situación. Pedimos un juicio justo e imparcial y que no se pretenda extorsionar al titular de la FEPADE. Y, al Dr. Santiago Nieto, le pedimos que no se deje intimidar por los tucanes. Los ciudadanos sabemos quiénes son.


Gracias por su apoyo y saludos cordiales a todos.



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lunes, 30 de noviembre de 2015

Un juicio justo e imparcial






30 de noviembre de 2015


Juicio justo e imparcial a Arturo Escobar


María Santos
María  Santos  (Colaboradora)
maria.santos 


Hace ya aproximadamente siete meses, lancé una petición en la plataforma Change.org para exigir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le retirara el registro al Partido Verde Ecologista de México por las graves y sistemáticas violaciones a la normatividad electoral. Recibí el importante apoyo de más de 165,000 mexicanos de todas partes de la República que, al igual que yo, están hartos y cansados de la impunidad.

Para la difusión de la petición digital y para la elaboración de la petición formal ante el INE, recibí la invaluable ayuda de la Sen. Martha Tagle, del Dr. Alfredo Figueroa, del Dr. Sergio Aguayo, del Dr. Eduardo Huchim, de la Lic. Paulina Arriaga, del Lic. Carlos Brito, del Lic. Genaro Lozano, del Lic. Alberto Serdán, del Lic. Alfredo Lecona, entre otros muchos expertos que supieron elaborar un impecable escrito para la solicitud formal.

Lamentablemente, la solicitud fue resuelta en sentido negativo por el INE. Esto denotó parcialidad y subordinación con el Gobierno Federal, puesto que pruebas abundaban y argumentos sobraban. Además de que no supieron fundamentar y motivar satisfactoriamente su decisión. Por ello, apelamos la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien desde hace aproximadamente tres meses no ha siquiera abierto el expediente para estudiarlo.

A la par de esta situación, se estaba realizando una investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del hasta hace cuatro días Subsecretario de Prevención del Delito, Arturo Escobar, por la firma de contratos ilícitos, en su calidad de representante del PVEM, para la compra y entrega de tarjetas denominadas “Premia Platino” con el fin de atraer votos.

Santiago Nieto, titular de la FEPADE, expresó:
“Recibí la instrucción de la Procuradora General de la República de que actúe con absoluta imparcialidad. Mi ejercicio no es contra el partido político, sino contra las personas físicas que han incurrido en una conducta delictiva; buscamos mandar un mensaje, con independencia de quiénes son los sujetos activos.”

Con base en la investigación de la FEPADE y las pruebas que tienen, la PGR solicitó a un juez federal que gire una orden de aprehensión contra el ahora ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM. El juez tiene un plazo de diez días para dictar o no dictar la orden, el cual vence el cinco de diciembre.

El PVEM ha respaldado enérgica y públicamente a su ex vocero. Parece ser que Arturo Escobar no es más que el “chivo expiatorio” del Gobierno Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente los de arriba decidieron rodar su cabeza para recuperar algo de credibilidad en la ciudadanía.

Muchos ciudadanos nos damos cuenta de esto, no nos engañan. Pero eso no significa que vamos a prescindir de exigir que se lleve a cabo un juicio justo, con un juez imparcial, para procesar y, de ser probada en juicio su culpabilidad, para condenar a Arturo Escobar por ser un delincuente electoral.

Ante esta situación, la asociación civil llamada Cauce Ciudadano ha iniciado una petición en Change.org en la que exige a la FEPADE y a la PGR que hagan su trabajo. Nada más. Y cito:
“Es hora de que como ciudadanas y ciudadanos exijamos nuevamente a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer: un expediente impecable por parte de la FEPADE, para que las pruebas sean sólidas, y un juez autónomo del poder político para tener un juicio totalmente justo, para que no ocurra como en otros casos (como el caso Cassez) que por un pésimo actuar de las autoridades la verdad nunca salió a la luz.”

Me uno a esta petición de Cauce Ciudadano. E invito a quienes también estén cansados y hartos de la impunidad y de la simulación, que apoyen su petición con su firma. (Link: change.org/p/juicio-a-arturo-escobar-por-delitos-electorales-snietocastillo-arelygomezglz)

Asimismo, invito a Cauce Ciudadano y a los mexicanos que no se han unido aún a continuar la exigencia de que #QuitenRegistroAlVerde. Las investigaciones por delitos electorales en contra de su entonces representante legal demuestran que sí hubieron graves y sistemáticas violaciones a la ley.




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domingo, 22 de noviembre de 2015

Mujeres sin derechos - Columna en Altavoz




23 de noviembre de 2015



Mujeres sin derechos:
Problemas en los centros de readaptación
social en el estado de Nuevo León





“Aquí mandan los de la última letra –Los Zetas–. A las bonitas como tú, les tenemos un trabajito especial. Si quieres sobrevivir, no hay de otra: aceptas o te suicidamos. Tú decide.”
- Servidor público a una mujer reclusa en el Centro de Readaptación Social “Topo Chico” del estado de Nuevo León. (2014)


De acuerdo a la Estadística Penitenciaria del Sistema Penitenciario Federal del año 2014, en la República Mexicana hay más de 248,000 personas que conforman la población penitenciaria, aunque solamente existen 389 centros penitenciarios (con capacidad para 198,000 personas como máximo). Del total de las personas privadas de su libertad, el 5.07% son mujeres, de acuerdo a la misma estadística.

El Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad, elaborado en 2014 con motivo de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas, indica que se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.

Pero destaca la situación de las mujeres privadas de su libertad por tres razones principales:
1.                     Hacinamiento.
No se respeta el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 100%. Señala el Informe mencionado que sólo el 35% de las mujeres privadas de su libertad se encuentran en centros penitenciarios específicos para mujeres, mientras que el 65% restante se encuentra en centros mixtos. Además, hay un hacinamiento de hasta el 399%.
2.                     Falta de servicios de salud.
No se respeta el derecho a la salud, contemplado en los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la Constitución Política del estado de Nuevo León, 2 y 27 de la Ley General en materia de Salud, entre otras disposiciones normativas nacionales e internacionales. Señala el Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León, elaborado en 2014 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no existe un área de servicios médicos adecuados, como la falta de personal femenino para atenderlas, la falta de médicos psiquiátricos para las internas que lo necesiten y la inexistencia de facilidades para que ingresen al lugar ambulancias en casos de emergencia. Asimismo, recalca el Informe anteriormente mencionado la deficiencia en alimentación, protección de la salud, falta de privacidad, carencia de acceso a servicios de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera.
3.                     Abusos sexuales.
Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. Pero sobre todo, existen abusos sexuales. El Informe mencionado menciona que hace mucha falta capacitar a los servidores públicos que trabajan allí en materia de prevención de tortura, falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas. De acuerdo a una investigación profesional que realizó la periodista Sanjuana Martínez en el 2013, las reclusas de los centros penitenciarios del estado cuentan con aproximadamente 2.93 metros cuadrados por persona para dormir, violando así lo recomendado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (que es entre 8 y 9 metros cuadrados). Se descubrió en la investigación, que también hay trata de mujeres para con los reclusos hombres, cuando hay centros mixtos, y para con los servidores públicos del lugar: las obligan a ser sus parejas sexuales o las violan.

En el tenor de lo anterior, dado el hacinamiento, la falta de acceso a servicios de salud y los sistemáticos abusos sexuales que sufren las mujeres privadas de su libertad, resulta menester crear políticas públicas que garanticen la seguridad jurídica y material de las mujeres que denuncien abusos sexuales, tortura o cualquier falta de trato de digno y otorgarles protección para evitar que sean víctimas de represalias debido a sus denuncias.

Un primer paso para lograr esto, es legislar al respecto. Los Centros de Readaptación Social en los que se encuentran mujeres privadas de su libertad, deben ser objeto de escrutinio público y del estado. Asimismo, se deben crear mecanismos eficaces para la realización de denuncias seguras por parte de las víctimas.

El objetivo de la implementación de políticas públicas nuevas, sustentadas jurídicamente en una reforma legislativa, sería garantizar cabalmente el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León: el estado las debe de cuidar y proteger.

Esto traería resultados positivos para todos. En lo individual, las mujeres se verían beneficiadas al dejar de estar en una situación de constante amenaza y de violaciones, lo que conllevaría a una mayor probabilidad de rehabilitación y, eventualmente, podrían ser efectivamente reincorporadas a la sociedad y lograr salir adelante.

Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todos y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia. En tercer lugar, se propicia la cultura de la legalidad hacia adentro y hacia afuera. Y, por último, se logra la reinserción social de esas mujeres privadas de su libertad.

“Hay que poner el grito en el cielo. Hay que señalar, denunciar y evidenciar lo que está sucediendo. Estamos espantados de lo que está pasando con las reclusas. Traemos un atraso de atención penitenciaria en el estado, y en el país, de décadas. Si como sociedad no le damos respuesta a esto, en cualquier momento explota. Los penales son bombas de tiempo y todos vamos a ser víctimas.”
- Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace A.B.P. (2013)

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Fuentes de información:
  • Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Estrasburgo, 1987/2015.
  • Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León. México, 2014.
  • Sistema Penitenciario Federal. Estadística Penitenciaria. México, 2014.
  • Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad. México, 2014.
  • Sanjuana Martínez. La Jornada: Denuncian reclusas esclavitud sexual en la prisión de Topo Chico. México, 2013.