jueves, 28 de mayo de 2015

Alegatos presentados al INE para que #QuitenRegistroAlVerde


  • Nota aclaratoria:

Dado que el TEPJF ordenó al INE iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador para atender nuestra petición ciudadana y que determine el Consejo General de este si quita o no el registro al PVEM, este partido político presentó un escrito de contestación. Este, se dedica básicamente a negar todos los hechos que presentamos en nuestra petición formal. El escrito que publico a continuación, es el texto íntegro de los alegatos que presentamos el Equipo Promotor de #QuitenRegistroAlVerde como réplica a dicha contestación. Este escrito con nuestros alegatos fue presentado el día de hoy, 28 de mayo de 2015, a la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva del INE. 

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TEXTO ÍNTEGRO PRESENTADO POR EL EQUIPO PROMOTOR DE #QUITENREGISTROALVERDE A LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 



Expediente: UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015
Asunto: Se formulan alegatos
México, D.F., a 28  de mayo de 2015





Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

P r e s e n t e .-


Sergio Aguayo Quezada, por mi propio derecho, y en mi calidad de representante común de los ciudadanos Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, Miriam Morales Sanhueza, María Santos Villarreal, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las 139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde, personalidad que tengo debidamente acreditada  y reconocida en autos, con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento en los artículos 1, párrafos uno al tres; 8; 35 fracción V; 41 segundo párrafo, Base I, párrafos uno y dos, Base II, párrafos uno y tres, Base III, apartado A), párrafos dos y tres; y 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 469, párrafo uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, párrafo segundo, inciso b); 54, párrafo uno, incisos a) y f); 94, párrafo uno, inciso e) y 95 párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos; y 50 párrafo uno del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y en cumplimiento al acuerdo de fecha 19 de mayo de 2015 dictado dentro del expediente en que se actúa, acudo a formular, AD CAUTELAM, los siguientes:

A L E G A T O S
I.              Aclaración previa

Previo a la formulación de alegatos que en el apartado siguiente se exponen, debo precisar que la misma se hace ad cautelam, en virtud de que tiene lugar dentro de un expediente cuya radicación e integración no fue solicitada por el suscrito o alguno de los demás firmantes que presentaron el documento por medio del cual se solicita la pérdida y/o cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México de fecha 29 de abril de la presente anualidad, y que —sin que fuera nuestra intención— motivó la apertura del presente procedimiento ordinario sancionador. 

En efecto, en virtud de que el documento a que hago mención no tenía la naturaleza jurídica de una queja o denuncia por medio de la cual se hiciera del conocimiento de la autoridad electoral hechos ilegales novedosos, los solicitantes en ningún momento pretendimos la instauración de un procedimiento sancionador y, bajo tal tesitura, es claro que en el documento de marras, aún teniendo los elementos esenciales para ser atendido como una queja, no fue originalmente presentado como tal. Esta vía fue determinada primero por la autoridad administrativa y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En consecuencia, desde este momento debemos dejar en claro que resultaría contrario a derecho que la autoridad electoral, al emitir el fallo correspondiente, tomase en cuenta este aspecto para valorar de modo indebido, el escrito original de petición en nuestro perjuicio, pues la vía fue determinada por la propia autoridad sin que, en su procesamiento nos solicitase algún tipo de prevención.

De esta manera, aunque estimamos que el procedimiento ordinario sancionador no era la vía procesal adecuada para atender nuestra solicitud, si las autoridades electorales así lo han determinado, entonces la valoración que sobre nuestro escrito realice en el fallo correspondiente debe armonizarse con el principio pro homine, y, en virtud de que en nuestro escrito original ejercimos un derecho humano —el de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos—, la autoridad debe tomar únicamente aquellos aspectos que nos benefician. Esto es así porque un actuar contrario a lo señalado violentaría la misma igualdad procesal que debe existir entre las partes. Una interpretación distinta supondría un desequilibrio procesal, pues es claro que al presentar su escrito de contestación al emplazamiento, el Partido Verde Ecologista de México ya sabía que estaba siendo llamado a un procedimiento contencioso y, conforme a ello, elaboró todo un texto con pretensiones litigiosas.        
II.            Formulación de alegatos
P R I M E R O.- VÍA PROCESAL. Como he señalado, los que suscribimos la petición original en ningún momento tuvimos la intención de que se instaurara algún procedimiento sancionador, ni el de carácter ordinario ni el de carácter especial. La razón por la que no presentamos formalmente una queja o denuncia fue porque, como ya lo señalé, no estábamos poniendo en conocimiento de la autoridad electoral violaciones del Partido Verde Ecologista de México que no hubiesen sido ya conocidas por la misma y respecto a las cuales pidiésemos un ejercicio duplicado de la potestad punitiva del Instituto Nacional Electoral, pues ello, evidentemente, violentaría el principio constitucional de non bis in ídem.

Lo que en realidad solicitábamos era que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizara dos cosas distintas: (1) que, respecto de la serie de violaciones que ya habían sido conocidas por las autoridades electorales —tanto administrativas como jurisdiccionales—,  iniciara el procedimiento innominado que contempla la Ley General de Partidos Políticos para la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, el cual las leyes no lo identifican ni con el procedimiento especial sancionador (PES) ni con el procedimiento ordinario sancionador (POS), y (2) que, respecto de las violaciones que se encontraban pendientes de resolver, llegado el momento oportuno, se sancionara al instituto político en mención con la cancelación del registro, lo cual ocurriría dentro de los procedimientos sancionadores correspondientes que ya se encuentran instaurados y, respecto a los cuales, tampoco nosotros solicitamos su radicación.

Respecto a ello, debo precisar que en contra del auto de radicación del presente expediente, el suscrito por mi propio derecho y de aquellos que suscribieron la petición, presentó el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-986/2015, y los motivos de inconformidad consistieron, fundamentalmente, en que la vía procesal que se había elegido para dar cause a nuestra solicitud original ponía en peligro el fondo de la petición de pérdida y/o cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México porque, entre otras cosas, se podría argumentar —como, en efecto, lo hizo el partido en su escrito de contestación al emplazamiento—, que la instauración de un nuevo procedimiento sancionador para conocer de las conductas que ya habían sido sometidas a conocimiento de la autoridad electoral, violentaba el principio non bis in ídem y, por ende, era procedente la excepción de cosa juzgada o litispendencia.

No obstante, en la sentencia que recientemente recayó al citado SUP-JDC-986/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la vía procesal adecuada era, en efecto, el procedimiento ordinario sancionador. Y si bien determinó no pronunciarse sobre el principio non bis in ídem, es evidente que en el reconocimiento de la vía por medio del POS para el análisis de la sistematicidad, gravedad sobre las obligaciones jurídicas del PVEM, inauguró un tipo no expresamente ni literalmente previsto en el artículo 443 de LEGIPE sino el 94 párrafo 1 inciso e) LGPP.
Así la Sala Superior se pronunció sobre este aspecto y sobre que el Consejo General debería pronunciarse  en el SUP-JDC-986/2015 (énfasis añadido):


Como se puede advertir, el acuerdo que fue notificado, en este particular, a los ciudadanos peticionarios, no es la respuesta inmediata a lo solicitado, sino que únicamente se les ha notificado el trámite que se determinó dar a su escrito de petición, en el sentido de iniciar un procedimiento ordinario sancionador, cuya resolución final se emitirá, en su oportunidad, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al que se dirigió la petición.

[…]

Asimismo, si bien es cierto que el trámite que se dé a toda petición, formulada con sustento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser comunicado al peticionario, por la autoridad ante la cual se ejerció el derecho de petición y no por otra diversa, también es verdad que, en el particular, el diseño legal para el trámite y resolución de este tipo de procedimientos se encomendó al Instituto Nacional Electoral, por conducto del Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, de la Comisión de Quejas y Denuncias y del Consejo General, es decir, está encargado a diversos órganos del propio Instituto Nacional Electoral, en tanto que se siguen diversas etapas, desde el inicio del procedimiento hasta su resolución.

[…]

Al respecto, si bien es cierto que la pretensión de los actores está vinculada con el derecho de petición y no con la denuncia que diera inicio a un procedimiento ordinario sancionador, también lo es que solicitaron que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se pronunciara en el sentido de declarar la pérdida y/o cancalación del registro del Partido Verde Ecologista de México, como partido político nacional que es, ello con sustento en los artículos 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos.

En este orden de ideas, para que la autoridad administrativa electoral pueda tomar tal determinación, conforme a Derecho, debe llevar a cabo un procedimiento mediante el cual pueda analizar detalladamente la relación de hechos expuestos por los peticionarios y los argumentos expresados, en su oportunidad, por el representante del mencionado instituto político; sin embargo, como no existe un procedimiento específico para tal efecto, como ya se explicó, se considera conforme a Derecho que se hubiera integrado un procedimiento ordinario sancionador, el cual tiene reglas generales y especiales que se deben acatar, situación que no debe parar perjuicio a los ahora actores, en tanto que la resolución final debe ser emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Así las cosas, para salvaguardar y maximizar el derecho de acceso a la justicia y al debido procedimiento legal, se ordenó tramitar la petición como procedimiento ordinario sancionador, el cual está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglamentado por la autoridad electoral, mismo que es idóneo y sencillo, para analizar y resolver la petición, además de que prevé formalidades esenciales para el denunciante y para el partido político denunciado, aplicables, incuestionablemente, para estar en aptitud jurídica de dar respuesta a la solicitud formulada por los ahora enjuiciantes.

Cabe advertir que la causal para la pérdida del registro de un partido político, en términos del artículo 94, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos constituye una auténtica sanción, por haber incumplido de manera grave y sistemática sus deberes jurídicos, previstos en la normativa legal vigente, garantizando el debido procedimiento, lo que implica necesariamente, como ya se precisó, que sea analizada la petición en términos del régimen sancionador en materia electoral, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes en la materia, atendiendo además al marco supranacional en cuanto al debido proceso y garantías judiciales que deben regir al derecho administrativo sancionador. En este tenor, resultan aplicables los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.


Bajo esa tesitura, lo primero que debe quedar en claro es que si bien se trataría de un procedimiento sancionador ordinario, tiene características especiales como lo señaló la Sala: “…sin embargo, como no existe un procedimiento específico para tal efecto, como ya se explicó, se considera conforme a Derecho que se hubiera integrado un procedimiento ordinario sancionador, el cual tiene reglas generales y especiales que se deben acatar, situación que no debe parar perjuicio a los ahora actores.” En efecto, debe tenerse en cuenta que, tradicionalmente, el procedimiento sancionador ordinario es un camino procesal por medio de la cual se analiza una hipótesis típica y, una vez acreditada, se impone la sanción correspondiente. No obstante, en el caso que nos ocupa, el procedimiento ordinario sancionador serviría únicamente como un conducto procesal que tomaría prestado el procedimiento innominado para la pérdida del registro de un partido político a que se refiere el artículo 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos, debido a la ausencia legal de un conducto procesal propio. Bajo esa consideración, en este procedimiento ordinario que escapa a la concepción tradicional en estricto sentido técnico, una hipótesis típica, sino una causal de pérdida de registro que consiste, precisamente, en la acreditación de múltiples hipótesis típicas que, en su conjunto, actualizan la gravedad y la sistematicidad, incluso para constituirse de modo autónomo en una nueva hipótesis típica. Debe afirmarse que éste será un precedente de extraordinaria importancia en la resolución para el sistema electoral mexicano.

Lo que sí debe quedar claro es que el fin del presente procedimiento ordinario sancionador no debe ser considerar los hechos que nosotros narramos en el escrito de petición como supuestos típicos que deben analizarse en forma aislada y de nueva cuenta por la autoridad, porque, como hemos venido sosteniendo, tal proceder violentaría el principio non bis in ídem. En su lugar, lo que la autoridad debe hacer es valorar esos hechos que ya fueron juzgados, pero no individualmente, sino en conjunto, pues precisamente ese es el componente lingüístico de la sistematicidad, ya que la Real Academia de la Lengua define tal vocablo como:
1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.
2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto

Ahora bien, como el vocablo “sistemático” es un adjetivo que, junto con el otro adjetivo “grave”, acompaña al sustantivo “incumplimiento”, se tiene que los elementos que debe estudiar la autoridad electoral, a fin de tener por acreditados los extremos del inciso e) del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos son, puntualmente, los siguientes:

a) Incumplimiento de obligaciones
b) Gravedad.
c) Sistematicidad.

En los alegatos siguientes se argumentará por qué, en el caso que nos ocupa, todos y cada uno de los elementos a que se hace referencia se han actualizado.
 
S E G U N D O.-  RESPUESTA A CONTESTACIÓN Y REFUTACIÓN DE HECHOS. Cuando el inciso e) del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos señala que la pérdida del registro procede cuando, a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el partido incumpla las obligaciones que le señala la normatividad electoral, dicho precepto no se refiere exclusivamente a aquellas obligaciones contenidas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos —como lo refiere el Partido Verde Ecologista en el escrito de contestación al emplazamiento— y, en virtud del principio jurídico de que “donde el legislador no distingue, el intérprete no puede distinguir”, debe concluirse que las obligaciones a las que se refiere el artículo 94 son, en general, todas aquéllas que contemple el universo normativo que los regula, desde las normas constitucionales hasta la normas infraconstitucionales.

Al respecto, resultaría incongruente una interpretación de la norma a partir de la cual, se pudiera acreditar una causal de una gravedad tal, como lo es la pérdida del registro de un partido político, únicamente a partir de infracciones legales, sin poder considerar —incluso con una relevancia mayor— las infracciones a disposiciones constitucionales, como lo son la equidad, el ejercicio de los derechos políticos y la autenticidad de las elecciones, en los términos previstos en el escrito inicial de petición.

En este sentido, la existencia del incumplimiento de obligaciones por parte del Partido Verde Ecologista de México se encuentra relatado en el escrito inicial de petición a lo largo de los 25 hechos que en el mismo se exponen.  Respecto a esos incumplimientos de obligaciones, debe decirse que ni siquiera deberían ser hechos controvertidos, pues se trata de resoluciones que la propia autoridad que resolverá el presente expediente ha dictado o conocido. Sobre ello, debe decirse que un principio jurídico básico sobre la prueba es aquél que dice que “el derecho no es objeto de prueba” y, en virtud de que, las resoluciones de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales no son otra cosa más que el derecho dicho (iuris dictio), debe concluirse que tampoco ellas deberían ser objeto de prueba. No obstante, en virtud de que al dar contestación al escrito de emplazamiento, el Partido Verde Ecologista de México insistió en poner en entre dicho los mismos pronunciamientos de las autoridades, en el presente alegato se rebatirán todos y cada uno de los 25 puntos que el mismo partido incluye en su capítulo denominado “CONTESTACIÓN Y REFUTACIÓN DE HECHOS” y como se advertirá, en prácticamente todos ellos dicho instituto falta a la verdad.

1. La difusión de 258,398 spots legislativos del 18 de septiembre al 19 de diciembre de 2014, en los que no se precisó la fecha de rendición de informes. (pág. 24)
a) Sobre que “la imputación contenida en este hecho es vaga, imprecisa y obscura, al no precisar de los 258,398 cuáles supuestamente son de radio y cuáles de televisión, qué número de spots le atribuya a cada legislador… [y] que no precisa la fuente de donde obtuvo ese número de spots”.
La información correspondiente al número de spots se obtuvo de las sumatoria de la información contenida en sentencias SRE-PSC-5/2014 y sus sentencias incidentales, SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-120/2015 (en la que las Salas Regional Especializada y Superior resolvieron los procedimientos iniciados por la difusión de informes de labores de los Diputados Federales Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino y Rubén Acosta Montoya; así como los Senadores de la República Carlos Alberto Puente Salas, María Elena Barrera Tapia y Pablo Escudero Morales), y SRE-PSC-7-2015 (en la que la Sala Regional Especializada resolvió los procedimientos iniciados por la difusión de informes de labores de la Diputada Federal Gabriela Medrano Galindo).
En particular, en las páginas 135 y siguientes del SUP-REP-3/2015 se afirma que:
“En relación a la difusión de los mensajes alusivos a los promocionales denunciados, concretamente, respecto a los promocionales de los Legisladores alusivos a sus pretendidos informes de gestión, se obtiene la siguiente información.
TELEVISIÓN: 239,286 –doscientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y seis- impactos totales derivados del monitoreo efectuado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, respecto de los spots televisivos contratados por los Legisladores denunciados.
En efecto, a través de los oficios INE/DEPPP/3781/2014 y INE/DEPPP/3798/2014, de diez y doce de diciembre de dos mil catorce, respectivamente, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral remitió los informes de monitoreo atinentes al total de los promocionales transmitidos en televisión, alusivos a los informes de labores de los Diputados Federales Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino y Rubén Acosta Montoya, así como de los Senadores Carlos Alberto Puentes Salas, María Elena Barrera Tapia y Pablo Escudero Morales, correspondiente al periodo comprendido entre el dieciocho de septiembre al nueve de diciembre de dos mil catorce, conforme al cual, se registraron 239,286 –doscientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y seis- impactos, de la siguiente forma:
[se incluye un desglose de los promocionales difundidos, por legislador]
[…]
RADIO: 15 –quince- detecciones en el monitoreo efectuado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, respecto de los spots radiales contratados por el Diputado Federal Enrique Aubry de Castro Palomino
En efecto, por oficio INE/DEPPP/3781/2014, de diez de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral se remitió el informe del monitoreo concerniente al total de los promocionales detectados en radio, alusivo al informes de labores del Diputado Federal Enrique Aubry de Castro Palomino, correspondiente al periodo comprendido entre el tres y el quince de octubre de dos mil catorce, de la siguiente forma:
[…]”
Por su parte, en la página 17 del SRE-PSC-7-2015 se precisa:
“Conforme al monitoreo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, durante el periodo comprendido entre el once y diecinueve de diciembre de dos mil catorce se detectaron 19,097 (diecinueve mil noventa y siete) impactos en trescientos once canales de televisión abierta.”
De esta forma, los 258,398 promocionales señalados en el hecho 1 del escrito de petición se obtienen de la suma de los 239,286; 15 y 19,097 spots cuya difusión se acreditó en las sentencias anteriores. Cabe señalar que estas sentencias fueron referidas en el hecho 4 del escrito de petición.
b) En cuanto a que “dicha imputación no constituye per se alguna violación a la ley”, tal como se señala en el hecho 4 del escrito de petición, al resolver el fondo de los procedimientos iniciados por la difusión de los spots legislativos, en las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-120/2015 y SRE-PSC-7/2015, se impuso al PVEM sanciones consistentes en $76’160,361.80, y $11’453,846.20, respectivamente, por haber implementado una estrategia ilegal de difusión sistemática, continua y reiterada de informes de labores, derivado de la cual, el Partido Verde Ecologista de México se benefició con 258,383 impactos en televisión, que se transmitieron a nivel nacional fuera de las pautas establecidas por el Instituto Nacional Electoral, con lo que se acreditó la responsabilidad directa de ese instituto político, al haberse  “modific[ado] el modelo de comunicación político electoral vigente, conforme al cual, los partidos políticos solamente pueden acceder a la radio y televisión en los tiempos y pautas que distribuya el INE, como parte de las prerrogativas que corresponden a los partidos políticos”[1].
Como se advierte las manifestaciones del PVEM evaden el planteamiento fundamental pues el argumento de la petición que se formuló está asociada a los hechos que constituyen las violación sistemática a la constitución y a la ley en detrimento de las principios de la competencia política y las reglas de la democracia que las propias autoridades han resuelto y se encuentran firmes.

2. Las quejas presentadas a partir del 24 de octubre de 2014, en las que se alegó que se trataba de un acto de simulación o fraude a la ley. (pág. 25)
El PVEM contesta que “son falsos los hechos imputados”. No obstante, debe señalarse que este hecho únicamente hace referencia al contenido de las quejas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral, y lo que en ellas se argumentó y solicitó, según se desprende del contenido de las sentencias SRE-PSC-5/2014 y sus sentencias incidentales, SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-120/2015.

 3. El 19 de diciembre de 2014, la Sala Superior ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias que ordenara la suspensión de la transmisión de los promocionales denunciados.
a) Dice el PVEM que en este hecho “no se está imputando expresamente nada al Partido Verde […] aunado a que jamás se menciona que lo sostenido por la Sala Superior atribuible a mi partido”. Al respecto, en este hecho simplemente se da cuenta de lo resuelto por la Sala Superior en la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-19/2014.
b) Dice el PVEM que “lo que resolvió la Sala Superior fue basado en una apreciación “presuntiva” [… y que] la única trascendencia consiste en que se decrete una medida cautelar”. Es verdad que lo señalado por el partido político; la Sala Superior se refirió al dictado de una medida cautelar, tal como expresamente se señala en el hecho 3 del escrito de petición.
No obstante, en relación con todo lo anterior, debe señalarse que tal como se refiere en el hecho 4 del escrito de petición, al resolver el fondo de los procedimientos, en las sentencias dictadas en los expedientes SRE-PSC-5/2014 y sus sentencias incidentales, SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-120/2015, las Salas Regional Especializada y Superior sí establecieron la responsabilidad directa del PVEM en estos hechos, derivado del beneficio que obtuvo de la difusión de los spots legislativos.
Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala Superior en las páginas 190 y 191 de la sentencia SUP-REP-3/2015:
“Derivado de lo anterior, se califican como fundados los agravios vertidos en el sentido de que la Sala Especializada en forma indebida estimó que el Partido Verde Ecologista de México incurrió en culpa in vigilando por desatender su deber de cuidado ante las conductas de los Legisladores que emanaron de sus filas.
En principio, debe mencionarse que la Sala Superior de manera reiterada ha sostenido que los partidos políticos no pueden obligar a los funcionarios públicos que actúan dentro del ámbito de sus atribuciones a que se desempeñen en la forma en que el ente político les marque una directriz, por más que los funcionarios públicos inobserven el orden jurídico.
Ello es independiente a los posibles procedimientos intrapartidarios que pudieran seguir en su contra en el evento de que determinadas conductas pudiesen considerarse que se alejan de la regularidad de la normativa del partido.
Empero, como ha quedado acreditado en parágrafos precedentes, en la especie, el supracitado partido político incurre en responsabilidad directa como consecuencia del beneficio que obtuvo con la promoción que se hizo de su nombre, emblema e imagen a través de los promocionales que se transmitieron a nivel nacional en radio y televisión fuera de las pautas establecidas por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo razonado con anterioridad.”

4. El fondo de los procedimientos iniciados por la difusión de los spots legislativos.
a) Dice el PVEM que “no es un hecho que se le impute absolutamente nada a mi representado”; que “los spots declarados ilegales en dicha sentencia NO fueron contratados por el Partido Verde, situación que la Sala consideró y por tal motivo se le adjudicó una responsabilidad indirecta”.
Contrario a lo señalado por el PVEM, al resolver los expedientes SRE-PSC-5/2014 y sus sentencias incidentales, SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-120/2015, las Salas Regional Especializada y Superior sí establecieron la responsabilidad del PVEM en estos hechos, derivado del beneficio que obtuvo de la difusión de los spots legislativos.
Si bien es cierto que al resolver el expediente SRE-PSC-5/2014, la Sala Regional Especializada estimó que el PVEM incurrió en culpa in vigilando, tal como se desprende de la trascripción de las páginas 190 y 191 de la sentencia SUP-REP-3/2015, la Sala Superior revocó dicha determinación al considerar, entre otras cuestiones, que la responsabilidad en que dicho partido político incurrió, era directa.
b) Dice el PVEM que no se aportaron documentales para soportar los recursos públicos y privados que fueron erogados para la difusión de los spots legislativos. Al respecto, los montos referidos derivan de la suma de los contratos a los que se hace referencia en las páginas 150 a 164 de la sentencia SUP-REP-3/2015.
c) Dice el PVEM que éste no es un hecho en el que “se le impute absolutamente nada a mi representado”. Sobre el particular, debe señalarse que en las sentencias a que se hace referencia se estableció la responsabilidad directa del PVEM en los hechos. Aunado a esto, en sesión celebrada el 13 de mayo pasado, el Consejo General del INE determinó imponer al PVEM una sanción consistente en más de 322 millones derivado de la aportación que recibió de sus Grupos Parlamentarios, derivado de la difusión de los informes de labores a que se hace referencia en este hecho.
Al respecto, dicha resolución debe ser tomada en consideración por esta autoridad, pues tal como consta en el apartado de pruebas del escrito de petición, desde un primer momento los que suscribimos la petición ofrecimos como pruebas:
a) Las documentales públicas. Consistente en la totalidad de los Acuerdos y resoluciones referidas en el presente escrito, y aquéllas que deriven de la resolución de los procedimientos pendientes, mismas que constan en los archivos de estas autoridades y constituyen un hecho público y notorio.

5. Las medidas cautelares otorgadas por la campaña paralela implementada por el partido ¾a través de propaganda fija y la difusión de cineminutos¾, mismas que fueron incumplidas por el PVEM.
a) El PVEM señala que “los hechos imputados a la Comisión de Quejas y Denuncias, no es atribuible a mi partido”. Contrario a lo que el PVEM señala, lo resuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias vinculó directamente a dicho instituto político. Sobre el particular, tal como se desprende de la resolución INE/CG83/2015, emitida el 6 de marzo de 2015 por el Consejo General del INE ¾referida en el hecho 7 del escrito de petición¾, dicha determinación fue incumplida por el PVEM.
Cabe señalar que recientemente, la Sala Superior determinó confirmar la determinación referida, en el SUP-RAP-94/2015 y acumulados; determinación que debe ser considerada por esta autoridad, en términos de las pruebas ofrecidas desde nuestro escrito inicial de petición, tal como anteriormente se señaló.
b) El PVEM señala que “el hecho que se hubiesen decretado medidas cautelares […] en nada demuestra la comisión de una ilegalidad”. Esta afirmación es cierta; no obstante, el PVEM omite considerar que en los siguientes hechos del escrito de petición se dio cuenta de lo resuelto por la Sala Regional Especializada y recientemente, por la Sala Superior, al pronunciarse respecto del fondo de los procedimientos.
c) El PVEM afirma que “es falso que hubiese incumplido con dichas medidas, además de que los denunciantes no ofrecen medio de prueba con el que se demuestre que se hubiesen declarado incumplidas las medidas cautelares por la autoridad jurisdiccional”. Contrario a lo sostenido por el PVEM, tal como se ha señalado, el 6 de marzo de 2015, en la resolución INE/CG83/2015, el Consejo General del INE sancionó a dicho partido por el incumplimiento de las medidas cautelares. Sobre el particular, se reitera que esta determinación fue referida en el hecho 7 del escrito de petición.
Si bien al momento en que el escrito inicial de petición fue presentado, la Sala Superior no había resuelto aún los medios de impugnación correspondientes a la misma, tal como se señaló en el inciso anterior, el 13 de mayo pasado, en la sentencia dictada en el SUP-RAP-94/2015 y acumulados, la determinación referida fue confirmada.

6. Resolución de fondo respecto del procedimiento iniciado por la difusión de cineminutos y la colocación de diversa propaganda fija.
a) El PVEM señala que “no se está realizando imputación directa al Partido Verde, sino que únicamente se refiere a la emisión de una sentencia”. Contrario a lo señalado por el PVEM, la sentencia SRE-PSC-14/2015 ¾dictada en cumplimiento a la ejecutoria SUP-REP-57/2015 y acumulados¾ sí vincula a dicho instituto político, pues derivado de la misma se le impuso una sanción de $7’011,424.56, al haberse acreditado su responsabilidad en los hechos denunciados, tal como se desprende del contenido mismo de la sentencia de referencia.
Al respecto, tal como se señala en el hecho a que se hace referencia, dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior el 31 de marzo de 2015, en el expediente SUP-REP-136/2015 y acumulados.
b) Afirma el PVEM que “si ha habido violaciones a la Legislación por parte del Partido Verde, estamos en presencia de una misma campaña, en donde si ciertos promocionales se han llegado a considerar ilegales por contener un elemento que se consideró ilegal, ello ha sido con posterioridad a haberse emitido el segundo, es decir, no se conocía el elemento de ilegalidad pues se había emitido, contratado o difundido antes de que fuera declarado ilegal.”
Sobre este argumento:
·      La ilegalidad del incumplimiento de la las medidas cautelares de cineminutos está acreditada en las sentencias que se ha hecho referencia.
·      El PVEM argumenta que los elementos declarados ilegales ocurrieron con posterioridad a la contratación, pero omite señalar que se trató a través de diversos medios comisivos de una estrategia calculada sistemática y diseñada para posicionar a dicho partido político, vulnerando el modelo de comunicación política y omite incluso frente a la propia autoridad, que dichas conductas continuaron a lo largo de 2015, tal como se da cuenta en los hechos siguientes en el escrito de petición.
·      En particular, debe destacarse el caso de los spots alusivos al informe legislativo de la Senadora Ninfa Salinas, mismos que se difundieron en febrero de 2015, con posterioridad a que los anteriores informes legislativos fueran declarados ilegales ¾en diciembre de 2015¾, tal como se señala en el hecho 8 del escrito de petición, lo que acredita su conducta continuada.

7. El incumplimiento por parte del PVEM, de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias.
Afirma el PVEM que los “hechos […] no se le imputan directamente nada al Partido Verde”. Contrario a lo que afirma, mediante la resolución INE/CG83/2015, el Consejo General del INE determinó imponerle una sanción por $67’112,123.52, precisamente al haber acreditado que dicho instituto político incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión de Quejas y Denuncias.
Al respecto, tal como se ha señalado, con posterioridad a la presentación del escrito inicial de petición, mediante la sentencia dictada en el SUP-RAP-94/2015, la Sala Superior confirmó la determinación del Consejo General del INE.

8. Los spots legislativos de la Senadora Ninfa Salinas Sada y la campaña paralela implementada a la par por el PVEM.
a) Señala el PVEM que los hechos referidos no están acreditados con medio de prueba alguno. Contrario a lo que aduce, tal como señaló en el apartado de pruebas del escrito inicial de petición, todos los hechos contenidos en el escrito inicial de petición se relacionan con los Acuerdos y resoluciones referidas en el mismo.
En relación con este hecho en particular, tal como se refiere en el mismo y en los siguientes, el 22 de febrero de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias nuevamente dictó medidas cautelares ordenando, entre otras cosas, la suspensión de la difusión y el retiro tanto de la propaganda legislativa como la partidaria; asimismo, al haberse acreditado la ilegalidad de la conducta, a través de la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-32/2015 y acumulado, la Sala Regional Especializada impuso al PVEM una sanción consistente en $6’268,362.42.
b) Refiere el PVEM, que “la propia Sala Superior al resolver el SUP-REP-84/2015 consideró que ni siquiera era procedente adoptar medidas cautelares respecto de los spots de la Senadora Salinas”. Contrario a lo señalado por el PVEM, en la sentencia a que hace referencia, la Sala Superior no se pronunció respecto de las medidas cautelares otorgadas ¾en un Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias, diverso al que fue impugnado¾ por la difusión del spot legislativo de referencia.
Ahora bien, debe señalarse que tal como se indicó en el hecho 10 del escrito inicial de petición, la difusión de dichos promocionales también fue sancionada en el fondo por la Sala Regional Especializada,  a través de la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-32/2015 y acumulado, en la que se impuso al PVEM una sanción consistente en $6’268,362.42, por lo que dicho instituto político no puede señalarse no sabedor de la infracción a que se hace referencia. Aunado a esto, si bien es cierto el 27 de mayo pasado la Sala Superior revocó la sentencia de referencia, también lo es que confirmó la violación cometida con motivo de la difusión de los spots legislativos de la Senadora Ninfa Salinas y la responsabilidad del PVEM en los hechos.

9. El otorgamiento de medidas cautelares por la entrega de beneficios por parte del PVEM, en contravención con lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Señala el PVEM que los hechos son imprecisos y vagos. Debe señalarse que los Acuerdos en que se decretaron las medidas cautelares de referencia no se precisan pues dichos Acuerdos no accesibles a los ciudadanos; no obstante, se hace referencia a las sentencias de la Sala Superior en las que dichos Acuerdos fueron confirmados ¾por ejemplo, la dictada en el expediente SUP-REP-84/2015 y acumulados¾. Con independencia de lo anterior, al haber vinculado la Comisión de Quejas y Denuncias al PVEM para la suspensión de las entregas de los beneficios, dicho instituto político tiene conocimiento claro y preciso de los mismos y sus alcances. Aunado a ello, a lo largo de los hechos contenidos en el escrito de petición se narran el conjunto de sanciones impuestas al PVEM por la comisión de las infracciones correspondientes.

10. Resolución de fondo de la Sala Regional Especializada respecto al spot legislativo de Ninfa Salinas, el pautado de Carlos Puente y la entrega de lentes.
a) Afirma el PVEM que los hechos denunciados no fueron cometidos directamente por dicho partido sino por sus legisladores. Al respecto, cabe señalar que en la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-32/2015 y acumulado, la Sala Regional Especializada impuso al Partido Verde Ecologista de México una sanción de $6’268,362.42, previamente por haberse acreditado su responsabilidad en los hechos denunciados, al acreditarse que con la difusión de los promocionales legislativos, se puso en riesgo el principio de equidad por la sobreexposición ilegal (reiterada y sistemática), así como por la apropiación indebida de un programa social. De igual forma, porque con la difusión del promocional pautado se acreditó el uso indebido de la pauta, por apropiación indebida de programas sociales. Finalmente, la campaña de lentes gratuitos de graduación fue sancionada porque implicó la entrega de beneficios contrarios a la normativa electoral.
b) Señala el PVEM que “es falso que se hubiese sancionado por tales hechos en el fallo definitivo del expediente SER-PSC-32/2015. Al respecto, contrario a lo señalado por el PVEM, en la referida sentencia se concluye lo siguiente:
Conclusión. Los elementos referidos permiten concluir que, en la especie, el derecho legítimo de los partidos políticos relativo a difundir propaganda política se desvirtuó, tomando en consideración que la publicidad denunciada forma parte de la realización sistemática de una campaña o estrategia integral, tendente a difundir indebidamente la imagen del PVEM ante la ciudadanía en la contienda electoral en curso, lo cual pone en riesgo el principio de equidad, y por ende, a lo previsto en los artículos 41 de la Constitución Federal, y 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la Ley General, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.
Esta infracción también se actualiza respecto de la participación de la Senadora Ninfa Salinas Sada a través de promocionales contratados como informe de labores por una parte, así como de Carlos Alberto Puente Salas, en su calidad de vocero, por la difusión de promocionales en radio y televisión en los tiempos que corresponden al PVEM, ya que en ambos casos, como se precisó, se realiza una sobreexposición del partido político, con spots que corresponden a una estrategia sistemática, reiterada y permanente, lo que pone en riesgo el principio de equidad, de frente al proceso electoral en curso.
[…]
Conclusión. En consecuencia, esta Sala Especializada estima que el PVEM puso en riesgo el principio de equidad, establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal, así como el diverso 443, párrafo 1, inciso a), de la Ley General, en relación con el 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.
Derivado del análisis integral de los promocionales de radio y televisión, se advierte que también se actualiza dicha infracción respecto de la participación de la Senadora Ninfa Salinas Sada y del vocero Carlos Alberto Puente Salas en los promocionales que formaron parte de la propaganda analizada, declarada ilegal con motivo de la apropiación indebida del programa social "Vales de Medicinas", poniendo en riesgo, a través de su conducta, el principio de equidad de frente al proceso electoral en curso.
[…]
Caso particular. Esta Sala Especializada ya determinó que el PVEM incluyó en su propaganda una apropiación indebida en la implementación, ejecución y calendarización de programas sociales que no constituye únicamente la difusión de logros de gobierno, sino que va más allá, pues interviene en la comunicación de cómo opera el programa social y la fecha en la que se entregan los beneficios económicos y sociales, sustituyendo a las entidades públicas responsables de la implementación y ejecución del programa social. Lo que ocasionó una vulneración a la normativa aplicable, que puso en riesgo el principio de equidad en el contexto del actual proceso electoral federal, al obtener un posicionamiento desproporcionado, por lo que la difusión del mismo contenido a través de los tiempos en radio y televisión asignados al citado partido, constituye a su vez, un uso indebido de la pauta que le otorga el Estado.
En otras palabras, al contener la propaganda del PVEM una utilización indebida de un programa social, como se precisó, sin constreñirse únicamente a manifestar logros de gobierno, como lo prevé la jurisprudencia 2/2009 de la Sala Superior, sino ir más allá de lo permitido por dicho criterio jurisprudencial de rubro PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL.
Lo que generó una distorsión informativa para la ciudadanía en general, en virtud de que no se diferencia con claridad, por un lado, entre los entes gubernamentales que están instrumentando el programa social, los sujetos susceptibles de ser beneficiarios del mismo y, por otro lado, la ejecución a cargo de entidades públicas, cuya difusión en tiempos del estado que le corresponden al PVEM en radio y televisión, implica un uso indebido de la pauta.
[…]
En ese orden de ideas, se estima que la promoción del partido y la entrega de dicho artículo implicó un beneficio directo para quien lo recibió, pues en cualquier supuesto la entrega del mismo implica el ahorro del costo de los lentes y, por tanto, al verse beneficiado por la utilidad misma que dichos artículos conllevan, permite al partido político presentarse como un benefactor mediante el otorgamiento de estos artículos.
En ese tenor la campaña en su conjunto de entrega de lentes gratuitos; previo llenado de un formato con el logotipo del PVEM en el que se plasman datos de carácter personal, se estima violatoria de lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5, en relación con el 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley General.
[…]
SÉPTIMO. RESPONSABILIDAD
Acorde a todo lo razonado en el apartado precedente, corresponde determinar el grado de participación y responsabilidad de los sujetos involucrados en el procedimiento, en relación con las infracciones a la normativa electoral que quedaron acreditadas.
Respecto al PVEM, lo procedente es determinar su responsabilidad directa por la vulneración a la normativa electoral que puso en riesgo el principio de equidad electoral, puesto que se ha concluido que la propaganda denunciada forma parte de una estrategia de publicidad integral y simultánea, una utilización indebida de la implementación, ejecución y calendarización de un programa social, uso indebido de la pauta, y entrega ilegal de beneficios a ciudadanos, en el marco de la contienda electoral federal en curso.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Federal, 209, párrafo 5, 443, párrafo 1, inciso a), de la Ley General, y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, de los que se desprende el deber del partido político denunciado, de cumplir las obligaciones que establece la normativa electoral y conducir sus actividades dentro de los cauces legales.
[…]”
En relación con lo anterior y tal como se ha señalado, si bien es cierto el 27 de mayo pasado la Sala Superior revocó la sentencia de referencia, también lo es que confirmó la violación cometida con motivo de la difusión de los spots legislativos de la Senadora Ninfa Salinas y la responsabilidad del PVEM en los hechos.

11. Campaña paralela difundida durante las intercampañas.
Afirma el PVEM que los hechos son vagos, ambiguos e imprecisos pues no se precisa el expediente en que se dictaron medidas cautelares. Al respecto, tal como se ha señalado, los Acuerdos en que se decretaron las medidas cautelares de referencia no se precisan pues dichos Acuerdos no son accesibles para los ciudadanos; no obstante, se hace referencia a las sentencias de la Sala Superior en las que dichos Acuerdos fueron confirmados ¾por ejemplo, la dictada en el expediente SUP-REP-77/2015 y acumulados¾. Con independencia de lo anterior, al haber vinculado la Comisión de Quejas y Denuncias al PVEM para la suspensión de la difusión de los promocionales y de las entregas de los beneficios, dicho instituto político tiene conocimiento claro y preciso de los mismos y sus alcances. Aunado a ello, a lo largo de los hechos contenidos en el escrito de petición se narran el conjunto de sanciones impuestas al PVEM por la comisión de las infracciones correspondientes. En particular, la sentencia dictada al analizar el fondo de la infracción denunciada, en el expediente SRE-PSC-26/2015, se precisa en el hecho marcado con el numeral 12 del escrito inicial de petición.

12. Sentencias de fondo respecto de la propaganda pautada en intercampañas, los cineminutos y la distribución del papel para envolver tortillas.
El PVEM sostiene que los hechos son vagos y ambiguos. No obstante, contrario a lo afirmado, en este hecho se precisa claramente la sentencia mediante la cual la Sala Regional Especializada tuvo por acreditada la conducta relativa a la sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática por parte del PVEM, como la distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas, elaborado con material no permitido y que implica un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben.
De igual forma, en el mismo hecho se precisa que en acatamiento a lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-REP-94/2015 y acumulados, se le impuso una sanción de $5’411,840.76.

13. Spots de precampañas.
No tenemos conocimiento de que hasta el momento se hayan denunciado o resuelto dichos spots, en todo caso llama la atención que la autoridad no iniciara de oficio la investigación de promocionales que contienen los mismo elementos que las autoridades determinaron como ilegales y que forman parte de la misma estrategia . Este hecho solo permite advertir si se quiere de modo indiciario, la continuidad de una estrategia sistemática cuyo propósito ha sido vulnerar el modelo de comunicación política, frente a la cual ni las sanciones, ni las ordenes de la autoridad han sido eficaces. La propia respuesta del PVEM es insostenible, pues la inexistencia de un sanción no deriva en la inexistencia de un hecho.

14. La distribución en diversos domicilios de calendarios 2015 con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México.
El PVEM afirma que es falso que los calendarios no se hubiesen impreso en material biodegradable o reciclable. No obstante, contrario a lo que señala, el 2 de abril de 2015, mediante la sentencia SRE-PSC-49/2015, la Sala Regional Especializada tuvo por acreditada la infracción a la normativa electoral relativa a la elaboración y distribución de propaganda electoral impresa en material que no es biodegradable o reciclable, por lo que le impuso una sanción de $1’181,963.08.

15. La distribución, a través del Servicio Postal Mexicano, de un calendario con la leyenda “El verde sí cumple”.
Afirma el PVEM que los hechos son vagos e imprecisos. No obstante, tal como se señaló en el mismo, al resolver el expediente SRE-PSC-39/2015, la Sala Regional Especializada impuso al Partido Verde Ecologista de México, una sanción de $4’167,117.38, por la sobreexposición que generaba dicha propaganda, derivado de su vinculación con la campaña “Verde sí cumple”.

16. La producción y distribución de las tarjetas de descuento PREMIA PLATINO.
El propio PVEM reconoce que la Sala Regional Especializada le impuso una sanción de $3’930,497.84 por estos hechos en el expediente SRE-PSC-46/2015. Ahora bien, contrario a lo que el PVEM afirma, la misma se determinó por haberse acreditado las infracciones a la normativa electoral imputadas a dicho instituto político, relativas a la entrega de artículos promocionales que implican un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben, y la continuación de una campaña sistemática e integral que afectó el modelo de comunicación social.
Al respecto, la sistematicidad a que se refiere el artículo 94 de la LGPP no se acredita por cada uno de los hechos aislados a los que se hace referencia en el escrito de petición, sino de un análisis conjunto e integral de las conductas del PVEM.

17. Medidas cautelares para suspender la difusión del promocional pautado por el PVEM, intitulado “Más verde que nunca”.
El PVEM afirma que no es preciso el hecho. No obstante, en el hecho 19 del escrito inicial de petición se señala claramente que, al resolver el fondo, mediante la sentencia SRE-PSC-53/2015, la Sala Regional Especializada tuvo por acreditada la inobservancia a la normativa electoral por parte de dicho instituto político, por la vulneración al modelo de comunicación política al difundir la campaña sistemática, reiterada y continua bajo los slogan "verde sí cumple", "propuesta cumplida", "cumple lo que promete", con sus diversas temáticas, así como la utilización indebida del programa social "vales de medicina" a través de propaganda política difundida en revistas y mensajes de texto, por lo que se impuso a dicho partido una sanción de $2’869,235.84.

18. Medidas cautelares para suspender la campaña paralela a través de revistas, mensajes de texto e internet.
El PVEM afirma que no es preciso el hecho. No obstante, como claramente se señaló en el hecho 19 del escrito inicial de petición, al resolver el fondo, mediante la sentencia SRE-PSC-53/2015, la Sala Regional Especializada tuvo por acreditada la inobservancia a la normativa electoral por parte de dicho instituto político, por la vulneración al modelo de comunicación política al difundir la campaña sistemática, reiterada y continua bajo los slogan "verde sí cumple", "propuesta cumplida", "cumple lo que promete", con sus diversas temáticas, así como la utilización indebida del programa social "vales de medicina" a través de propaganda política difundida en revistas y mensajes de texto, por lo que se impuso a dicho partido una sanción de $2’869,235.84.

19. Sentencia de fondo por la campaña paralela del partido político a través de la difusión de spots pautados, propaganda en revistas e internet y envío de mensajes de texto.
Señala el PVEM que no se le imputan hechos directamente al partido. No obstante, como se ha señalado, la sentencia SRE-PSC-53/2015, lo vinculó directamente, pues en la misma, la Sala Regional Especializada tuvo por acreditada la inobservancia a la normativa electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, por la vulneración al modelo de comunicación política al difundir la campaña sistemática, reiterada y continua bajo los slogan "verde sí cumple", "propuesta cumplida", "cumple lo que promete", con sus diversas temáticas, así como la utilización indebida del programa social "vales de medicina" a través de propaganda política difundida en revistas y mensajes de texto, y le impuso la sanción correspondiente.

20. Sentencia de fondo por la difusión del spot pautado 4 Logros versión Cumple lo que propone intercampaña”.
Señala el PVEM que la sentencia SRE-PSC-50/2015, fue revocada por la Sala Superior en el SUP-REP-160/2015. Este hecho es cierto y fue resuelto por la Sala Superior con posterioridad a la presentación del escrito de petición y constituye el único elemento en donde no falta parcial o totalmente a la verdad.

21, 22, 23, 24 y 25. La entrega de boletos de cine, la repartición de un Kit Escolar en diversos domicilios, y quejas y medios de impugnación pendientes de resolución.
Señala el PVEM que no se ofrecen pruebas para acreditar los hechos. Contrario a lo manifestado por el PVEM, en el hecho 21 se señaló claramente que a través de la sentencia SUP-REP-167/2015 y acumulados, la Sala Superior confirmó las medidas cautelares otorgadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, derivado de la entrega de boletos de cine.
Hay resoluciones posteriores, tanto del Consejo General (por el incumplimiento de medidas cautelares relativas al retiro de propaganda fija alusiva a la campaña “vales de medicina”, y por la aportación en especie de los Grupos Legislativos del PVEM a dicho instituto político), como de la Sala Superior, que también deben ser tomadas en consideración por la autoridad.

T E R C E R O.-  RESPUESTA A “CONSIDERACIÓN(SIC) DE DERECHO”
1.     El PVEM sostiene en su primera consideración que estaríamos ante a violación del principio Non Bis In Ídem.
Esto es esencialmente equivocado por las siguientes razones. En realidad la petición a las autoridades parte de que las conductas desplegadas por el PVEM, muchas de ellas sancionadas y firmes, permiten advertir un comportamiento sistemático encaminado a obtener ventajas ilegales frente a los contendientes de cara al proceso electoral que actualmente está en curso.
Dichas ventajas son ilegales y violatorias de los principios constitucionales de equidad y autenticidad de las elecciones, y se realizaron en una magnitud y continuidad que permiten acreditar una  estrategia desplegada a lo largo del proceso electoral, precisamente para incidir en el mismo, al margen de las reglas previstas constitucional y legalmente. Además su proceder ha incluido desacatos a las ordenes de las autoridades que, en algunos casos, ya han sido sancionadas y se encuentran firmes. En relación con esto último, debe señalarse que los desacatos referidos no lo son a cualquier orden de la autoridad, sino a aquéllas dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, relativas al dictado de medidas cautelares. Esta situación conlleva una gravedad particular, por la naturaleza misma de las medidas cautelares que, tal como lo ha sostenido la Sala Superior:
“…las medidas cautelares a la vez que constituyen un instrumento de otra resolución, también sirven para tutelar el interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo, provisionalmente, una situación que se califica como ilícita.
 […]
Sobre dicho punto, debe subrayarse que el legislador previó la posibilidad de que se decreten medidas cautelares con efectos únicamente provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción.
Ello, con la finalidad, como ya se apuntó con anterioridad, de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable.”[2]
En este sentido, el desacato a una medida cautelar conlleva la imposibilidad de que la autoridad administrativa pueda cumplir con su función de resguardar y preservar los bienes jurídicos tutelados constitucional y legalmente.
Debe advertirse que no se pretende como señalamos en la petición e incluso en la promoción del SUP-JDC-986/2015, que la opción de solicitar la cancelación a que hace referencia el artículo 456 párrafo 1, inciso a) fracción V, traiga como consecuencia que se vuelva a sancionar a dicho partido político por las mismas conductas que ya fueron materia de una determinación en lo particular. Sino que estando en conocimiento de otras conductas denunciadas y que estaban y están por resolverse, la autoridad valore ¾al momento de emitir la determinación correspondiente, respecto de cada una de ellas¾ los argumentos del escrito y determinase la cancelación. Así lo prueba el escrito en su punto petitorio  TERCERO:
TERCERO.- Al momento de analizar y resolver los procedimientos ¾especiales y ordinarios sancionadores y en materia de fiscalización¾ que aún se encuentran pendientes de resolución, se realice una valoración de la gravedad y sistematicidad de las conductas del Partido Verde Ecologista de México, violatorias de la Constitución y de la Ley en el marco de los comicios de 2015, para determinar la cancelación de su registro como partido político, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Como se advierte es falso que la petición haya pretendido vulnerar el artículo 23 constitucional, pues se ha hecho referencia a los asuntos que se encuentren pendientes de resolución.
En todo caso la interpretación de la Sala Superior y el INE han considerado que la ausencia de un procedimiento específico aplicable a lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) debe ser atendido por la vía del POS, lo que implica que la sistematicidad de conductas contrarias a la Constitución y a la ley se deben valorar por este medio. Por eso lo que aquí deberá juzgarse es si con el conjunto y magnitud de conductas emprendidas por el PVEM ¾y que precisamente por ya haber sido materia de un pronunciamiento que las acredita como incumplimientos a las obligaciones a que está sujeto dicho instituto político¾, constituyen una conducta sistemática que ha vulnerado la equidad de las elecciones de 2014-2015, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 y 95 de la LGPP o si procede la cancelación por los asuntos aún no resueltos. De ello da cuenta el punto petitorio  SEGUNDO:
SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento para determinar la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, en términos de lo previsto en los artículos 94, párrafo 1, inciso e), y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015, con base en los hechos expuestos en el presente escrito, lo que se determine en los procedimientos que aún se encuentran pendientes de resolución y tomando en cuenta las consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.

La virtud del dispositivo legal en cita permite atender algo que con frecuencia es el problema central del sistema judicial mexicano: la incapacidad de resolver integralmente a partir del conjunto de elementos y no de modo aislado, la naturaleza de una estrategia sistemática encaminada a violar principios constitucionales y las  reglas de nuestra democracia. Pues sólo de esta manera podrá valorarse con suficiencia la magnitud de las acciones de este partido político. Así, los hechos que han sido referidos en la petición ciudadana, corresponden a las resoluciones y sentencias que han sido emitidas por las autoridades, y que acreditan que estamos frente a un conjunto de incumplimientos a las obligaciones de dicho instituto político, en perjuicio de los principios y valores tutelados en el sistema jurídico-electoral mexicano.
El INE y en su momento la Sala Superior del TEPJF tienen oportunidad de ejercer una práctica poco frecuente en México en contra de éste y cualquier otro sujeto regulado cuando abusan y perviertan el sentido mismo de la legalidad pues, contrario a lo que sistemáticamente ocurre, están en condición real de procurar y administrar justicia, como sucede en naciones donde el juzgador resuelve los asuntos en relación al denunciado para que lo que se imponga sea una resolución justa y completa, y no la interminable suma de pequeñas acciones en donde se pervierte la tutela judicial.
Nuestro sistema electoral y la sentencia firme de atender el estudio de la sistematicidad y la gravedad en torno al incumplimiento y violación del PVEM a la normativa electoral SUP-JDC-986/2015, no ha sido materia de procedimiento ordinario anterior alguno del que pueda derivarse una interpretación que conlleve la actualización de una causal de improcedencia, pues ni el Consejo General, ni la Sala Especializada, ni la Sala Superior, han juzgado la sistematicidad y gravedad de las obligaciones de la normatividad electoral; por eso resulta equivocado, como aduce dicho partido político, que procede la aplicación del artículo 446 párrafo 1, inciso c), ya que lo que aquí se juzga es la sistematicidad y gravedad de su conducta de modo integral, pues es un hecho que las autoridades electorales le han impuesto un conjunto de sanciones, sin precedentes en la historia electoral mexicana en un periodo similar, a saber de diciembre de 2014 a mayo de 2015.
2.     Sobre lo señalado en la consideración SEGUNDA del PVEM y los dos tipos legales relativos al 94 de la LGPP y 456 de la LGIPE.
Los argumentos y consideraciones del PVEM en el escrito que se estudia, son esencialmente falsos e incompletos. En principio constriñe la normatividad electoral a la que hace referencia el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, a cada uno de los incisos que establece el artículo 25 de la LGPP, cuando las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, son mucho más amplias y con arreglo a la tutela de principios constitucionales que, son el eje y la obligación sustantiva del resguardo de las autoridades electorales.
Resulta además falso, como lo afirma, que después de los hechos narrados en el escrito de petición, a saber veinticinco, que incorporan un número importante de sentencias firmes, hechos innegables de violación de sus obligaciones legales y constitucionales, caso por caso, y que como se ha acreditado en el apartado anterior y que trató de desestimar sin éxito, pueda afirmar, como lo señala en su escrito, que en relación con el artículo 25 inciso a):
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;
“En relación a esta obligación el PVEM siempre ha cumplido y no existe obligación alguna que demuestre violación alguna a este inciso, ni se demuestra lo contrario con ninguno de los hechos imputados en el presente procedimiento sancionador”
Carece de toda lógica dicha afirmación, pues la pretensión de este partido es que las resoluciones que han sido citadas, tanto de la autoridad administrativa, como de la jurisdiccional, hubiesen establecido en los procedimientos ordinarios, especiales y de fiscalización, imputaciones genéricas como las contenidas en el precepto que se cita, a saber el 25 de la LGPP, al que pretende convertir en un tipo de conducta que deriva de hechos específicos. El engaño de su propio argumento estriba en que lo que se demuestra con todas las sentencias, resoluciones y denuncias, es justamente que no ha conducido su conducta a los principios del Estado democrático, es decir, pretende que la conclusión a la que se debe arribar en este procedimiento haya sido juzgada previamente, lo que evidentemente no ha ocurrido, y en consecuencia no es dable afirmar, como lo hace, que debe absolvérsele de la pérdida de registro como partido político, cuando sabe que los tipos de conducta sancionable en la normatividad electoral, están contenidos de modo específico en distintos ordenamientos de la normativa electoral que están en relación con el artículo 25 de la LGPP de modo general. La propia Sala Superior así lo analizó en  SUP-JDC-986/2015 al señalar:
Ahora bien, en cuanto a que se debe proteger el derecho de los ciudadanos para que su voto se ejerza en favor de los partidos políticos que sí cumplen las normas en materia electoral, resulta inoperante, en tanto que aún no se emite la resolución que ponga fin al procedimiento ordinario sancionador,…
Cabe advertir que la causal para la pérdida del registro de un partido político, en términos del artículo 94, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos constituye una auténtica sanción, por haber incumplido de manera grave y sistemática sus deberes jurídicos…”
Sería absurdo sostener que las sanciones por alrededor de 500 millones de pesos, antes de que concluya la campaña, y con la suspensión incluso de su pauta en radio y televisión, derivan del estricto cumplimiento de sus obligaciones. Lo que es patente y un hecho jurídico incuestionable es justo lo contrario.
Del mismo modo resulta insostenible la referencia al inciso i) del artículo 25 de la LGPP que señala:
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
Se ha acreditado en la resolución del Instituto Nacional Electoral la aportación de recursos públicos del Poder Legislativo en la contratación de spots con el fin de posicionarlo ante la ciudadanía de cara al proceso electoral, y más allá de que se encuentre impugnada dicha resolución, hoy debe considerarse que ha violado esta obligación, cuya magnitud es de enorme gravedad si consideramos que el monto implicado, mismo que es muy cercano a los recursos públicos recibidos por este partido para la campaña electoral.
Es falso, como lo afirma, que no ha violado el inciso n) del artículo 25 de la LGPP:
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;
Pues como se advierte en los hechos consistentes en un conjunto de sentencias y resoluciones, ha empleado los recursos para fines ilegales como sus campañas en cineminutos y espectaculares, como la contratación de propaganda en revistas, como el caso vinculado a los lentes, la entrega de tarjetas platino, como la entrega de propaganda no permitida en la legislación, por citar algunos de los casos más conocidos, relevantes y con sentencias firmes por los que se le ha sancionado.
En todo caso, la sola violación al inciso a) del artículo 25 y de la revisión de la gravedad de sus conductas en agravio al modelo de comunicación política y consecuentemente a los principios constitucionales de equidad, autenticidad de las elecciones y legalidad, y todas las demás por las que se le ha sancionado, así como los desacatos a las órdenes de la autoridad ¾principalmente tratándose de, como se ha señalado, órdenes concernientes al dictado de medidas cautelares¾, permiten advertir que resulta insostenible que dicho partido haya cumplido con las obligaciones de la normatividad electoral.
Resulta también falso que las obligaciones de los partidos políticos se constriñan de modo exclusivo a lo que señala el artículo 25 de la LGPP, pues el propio precepto en cita incluye las referencias genéricas a otros dispositivos legales que le son aplicables tal como lo señala en inciso u) del propio artículo:
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.
De este modo, no le asiste la razón cuando afirma:
“Es muy importante subrayar que el invocado artículo 25 de la LGPP es el único precepto legal de toda la legislación en materia electoral en la que se señalan cuáles son las obligaciones de estas entidades de interés público”
Es evidente que la propia legislación en materia electoral produce reglas y el cumplimiento de las mismas constituyen obligaciones de los partidos políticos, cuando son ellos mismos el objeto de la norma, sería tanto como afirmar, por ejemplo, que pueden hacer campaña en los tres días previos a la jornada electoral, o mandar a hacer sondeos de opinión y difundirlos durante esos días, o realizar actos de presión o coacción para tener el apoyo ciudadano, o incumplir plazos para el registro de candidaturas, porque el 25 de la LGPP no lo señala típica o específicamente como una obligación.
Resultaría francamente absurdo, a partir de la lectura que hace el PVEM en su escrito en torno a las obligaciones de los partidos políticos, pues no incluirían el propio fragmento del artículo 41 constitucional que prohíbe la contratación o adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, pues en opinión del PVEM no constituye parte de sus obligaciones. Así, contrario a lo que afirma en su escrito de contestación, el respeto por las reglas y las prohibiciones para los partidos políticos le son aplicables como obligaciones.
Otro de los argumentos expresados en su escrito, pretende sostener que no existe sistematicidad en las conductas que ha desplegado pues, señala, ésta no se ajusta a un sistema, aunque admiten que la suya, fue una campaña sistemática e integral declarada ilegal. No se puede afirmar, según su propio dicho, que la violación a sus obligaciones fuese sistemática pues debió ocurrir que se violaran un numero indeterminado de incisos del artículo 25, como si la hermenéutica y la interpretación de las leyes admitiese una lectura aritmética de suma de incisos, como si fuese equiparable la obligación de editar una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico, como lo preceptúa el inciso h) del artículo 25 de la LGPP, a la violación sistemática de los principios del Estado democrático del mismo precepto en su inciso a). El análisis gramatical, sistemático y funcional, y lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución, permiten advertir la extraordinaria insuficiencia del argumento que el PVEM opone para acreditar su no responsabilidad.
Lo que se deduce de las sentencias, es decir, en los hechos cuyo análisis integral se solicita, permiten afirmar justamente lo contrario, que la sistematicidad de su conducta, tal como se señaló en el escrito de petición, está acreditada pues se ha tratado de una estrategia en donde se advierte un patrón de comportamiento cuyo fin es vulnerar la equidad de la contienda y la autenticidad de las elecciones, poniendo en juego la legitimidad del sistema de representación política del país. En este sentido, es posible afirmar que con ese fin existió una pluralidad de conductas que atienden a una estrategia calculada y dolosa que se llevó a cabo a través de diversos medios comisivos, que se ha acreditado la coordinación entre el grupo parlamentario del Senado, de la Cámara de Diputados y la dirigencia de dicho partido político para vulnerar la equidad de la competencia política, a través de medios ilegales y merced a estructuras paralelas, aspectos todos ellos que colman los elementos fraudulentos a que ha hecho referencia el Tribunal en diversas sentencias, y que constituyen los aspectos a evaluar para arribar a la conclusión de que la sistematicidad es perfectamente acreditable cuando se valoran todos los elementos de prueba  



C U A R T O.-  GRAVEDAD. Una vez acreditada la serie de incumplimientos a sus obligaciones por parte del Partido Verde Ecologista de México en términos del alegatos previos, lo que procede es determinar si ese conjunto de incumplimientos deben calificarse o no como “graves”.

Respecto a la figura de la gravedad debe decirse que, de acuerdo al entendimiento clásico, no se trata de un elemento de la hipótesis típica, sino que se trata de una forma en que se califica la misma.  Así, es por todos conocido que, de conformidad con los criterios jurisdiccionales en el tema, la calificación de la falta —al menos, de cada una de las faltas que, en lo individual, son materia de pronunciamiento en un procedimiento sancionador específico— puede ser:
1.     Levísima.
2.     Leve.
3.     Grave. En este supuesto pueden caber, a su vez, tres supuestos de falta grave:
1.     Grave ordinaria.
2.     Grave especial.
3.     Grave mayor.

Al respecto, debe decirse que, si se estudia la serie de los pronunciamientos realizados por las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, se podrá advertir que en repetidas ocasiones la calificación individual y aislada de las faltas en que ha incurrido el Partido Verde Ecologista de México han sido graduadas, por lo menos, con el nivel genérico de “grave”.

Por ejemplo, en el SUP-REP-3/2015, la Sala Superior consideró que la calificación de la falta no podía ser leve o menor, lo que, por exclusión, deja subsistente únicamente a la posibilidad de que se gradúe como “grave”:

Es apreciable que la vulneración que se dio en el caso concreto trastocó de manera directa el modelo de comunicación política, integrado a través de las disposiciones constitucionales y legales, lo que no puede considerarse como una afectación leve o menor, sino que involucra una trascendencia relevante si se considera que los valores vinculados con el desarrollo adecuado de los procesos comiciales se fisuran a través de un ejercicio infractor de esa naturaleza. 

También en el SUP-RAP-94/2015 se advierte que la autoridad electoral que actuó en el primera instancia calificó el incumplimiento de la obligaciones del Partido Verde Ecologista de México  como “grave especial” y la autoridad jurisdiccional de segunda instancia no echó abajo tal calificación:

En el aspecto en análisis, este órgano jurisdiccional estima que carecen de razón los impugnantes, dado que la responsable, para sancionar a los entes jurídicos precisados por los hechos evidenciados, adujo que tanto la conducta del Partido Verde Ecologista, como la de Cinépolis y Cinemex, se debía calificar de gravedad especial, al haber obstaculizado la finalidad de la medida cautelar decretada, concretamente, hacer cesar la difusión de la propaganda afecta, que llegaba a un número muy considerable de personas, para evitar daños irreparables a los principios rectores de los procesos electorales en curso y la vulneración a los bienes jurídicos tutelados, hasta en tanto se emitiera la resolución definitiva relativa a la providencia cautelar desatendida.

Finalmente, en el SRE-PSC-32/2015, la Sala Regional Especializada calificó el incumplimiento de las obligaciones del Partido Verde Ecologista de México como “ordinaria” y, en virtud de que los propios precedentes jurisdiccionales han establecido que la única que admite el apelativo de “ordinaria” es la graduación “grave”, entonces debe concluirse que se excluyeron tanto la graduación “levísima” como la “leve”:

En atención a que se acreditó la vulneración a la normativa electoral que puso en riesgo el principio constitucional de equidad y el incumplimiento por el partido político a diversas disposiciones de la Ley General y a las obligaciones previstas en el inciso a) del párrafo primero, del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, con lo que afectó el equilibrio con los demás partidos en el proceso federal electoral en curso, se considera procedente calificar como ordinaria la responsabilidad en que incurrió el PVEM.

Ahora bien, el análisis individual (esto es, caso por caso) que en párrafos anteriores hemos realizado debe ahora visualizarse, como lo hemos señalado, desde una perspectiva integral. De esta manera, si se analizan en su conjunto la serie de violaciones relatadas en el escrito inicial y precisadas con mayor puntualidad en el alegato anterior, se concluye que la hipótesis contenida en el inciso e) del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, respecto a la gravedad, también está acreditada.

En efecto, si, en primer lugar, como ya explicamos, la sentencias y resoluciones de las autoridades electorales no son objeto de prueba, debe tenerse, ipso facto, por cierto el hecho de que en múltiples ocasiones fueron calificados —en lo individual— como graves los diversos incumplimientos a la normatividad del Partido Verde Ecologista de México. Ahora bien, tal como se ha señalado, el análisis que se solicita de esta autoridad trasciende la gravedad implícita en cada una de las infracciones o los incumplimientos que ya han sido analizados y calificados por las autoridades competentes; consiste precisamente en una valoración integral y conjunta de las conductas que valore tanto su objeto como su efecto, en el marco del proceso electoral que se encuentra en curso. Así, de un análisis como el que se señala —necesario para analizar una causal de pérdida del registro, como la prevista en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP—, debe concluirse que la suma de la violaciones graves en que ha incurrido el instituto político denunciado, todas cometidas en el marco o con miras al proceso electoral que actualmente está en curso, sólo puede dar lugar a que la unicidad que implica la valoración en conjunto, que también debe calificarse como “grave”.

Sobre este tema, sólo es preciso agregar que, desde el escrito inicial se exponía que la determinación de la gravedad de estas conductas sistemáticas residía, nada menos, que en la afectación al conjunto de bienes jurídicos tutelados en una elección y a la totalidad del proceso democrático, pues se habían vulnerando las condiciones de equidad de la competencia política entre y en cada una de las fases del proceso electoral (previo al inicio de las precampañas, durante éstas, a lo largo de las intercampañas, y en el marco de la campaña).

Así, tal como se señaló desde el escrito inicial de petición, la gravedad de las conductas del PVEM está asociada pues, a que un poco antes de que iniciaran las campañas electorales, este conjunto de ejercicios, contrarios a las disposiciones constitucionales, permitieran que el inicio de la competencia política en el periodo de campañas estuviese viciada originalmente por una estrategia paralela desarrollada en los periodos previos, contraria al modelo de comunicación política.
No considerar estas violaciones al modelo de comunicación política, como sistemáticas, graves y reiteradas, aún cuando hay actos de autoridad de los que el Verde ya tenía conocimiento, es darle una condición de impunidad y enviar un mensaje, desde las instituciones, de desapego a la legalidad.
Así, bajo cualquier óptica y juicio las acciones descritas en el escrito inicial de petición, establecen un patrón de comportamiento por demás sistemático, ya que es dable afirmar que existe un conjunto de determinaciones y mecanismos expresamente diseñados y dirigidos a vulnerar la equidad de la contienda y la autenticidad de las elecciones, y deslegitimar el sistema de representación política a través de la obtención de ventajas indebidas frente a los demás contendientes. Estos bienes jurídicos tutelados expresan sin lugar a dudas la gravedad de la conducta desplegada por el Partido Verde Ecologista de México.
De este modo es necesario reiterar los elementos que hemos abordado desde la petición original sobre los bienes jurídicos tutelados y poner así en perspectiva a gravedad especial del presente asunto.
1. Ejes fundamentales de la equidad de la competencia política:
a.     La preservación del modelo de comunicación política.
El modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 constitucional consiste esencialmente en el acceso de los partidos políticos a radio y televisión a través de los tiempos que corresponden al Estado mexicano, con una distribución constitucional y legalmente prevista, y con arreglo al periodo de que se trate (a saber, periodo ordinario, de precampañas, de intercampañas y de campañas). Así, se ha establecido la prohibición de que cualquier otra persona física o moral, contrate o adquiera tiempo en radio y televisión para favorecer a un partido político. La violación a esta prohibición se constituye en una agravante fundamental cuando se accede ilegalmente a tiempos de radio y televisión con este propósito, de cara a un proceso electoral. Del mismo modo, el artículo 134 de la Constitución prevé que la propaganda gubernamental no se emplee para favorecer a partido político alguno.
Así, previo al inicio de las precampañas del actual proceso electoral, mientras cada partido tenía un acceso legal, en términos de los tiempos ordinarios, a cerca de 8,000 spots en las redes programáticas de Televisa y Televisión Azteca, en el mismo periodo el Partido Verde era promovido ilegalmente a través de la simulación de promocionales de informes legislativos, con un poco más de 250,000 spots de sus legisladores[3] ¾es decir, con una presencia en esas redes de televisión 30 veces mayor que cualquier otra fuerza política¾, con el fin de posicionarse a través de campañas dirigidas a influir en el conocimiento y preferencia de los ciudadanos y las ciudadanas, en el proceso electoral ya en curso.
Al mismo tiempo[4], el partido desarrollaba una campaña paralela a través de otros medios de comunicación, como cineminutos, espectaculares, y otros, para promover el mismo contenido de los pretendidos informes legislativos, construyendo con ello una campaña sistemática y reiterada de posicionamiento político. Es claro que la estrategia se construyó a partir de la premisa válida de que en las elecciones intermedias la apuesta comunicativa de los partidos está asociada de forma predominante a su emblema y plataforma, más que a la promoción específica de precandidatos o candidatos en lo individual. Basta advertir en el sistema de pautas del INE, el tipo de mensajes genéricos que se promueven en radio y televisión.
Ni en el proceso electoral 2008-2009, ni en el proceso electoral 2011-2012 se pudo consignar una campaña de esta magnitud. Puede afirmarse válidamente que se trata de una violación constitucional sin precedentes en la historia electoral reciente.
Aun y cuando desde el 19 de diciembre se ordenaron las primeras medidas cautelares para la suspensión de dicha campaña en televisión, el Partido Verde empleó los tiempos de precampaña e intercampaña a que tenía derecho para continuar con la misma estrategia paralela a que hemos hecho referencia, y cuyo contenido las autoridades electorales habían determinado como ilegales. Del mismo modo, siguieron apareciendo en las salas de cine y en espectaculares ubicados a lo largo de la República mexicana, los mismos contenidos y mensajes que vulneraban la equidad frente a los demás contendientes en el proceso electoral. Basta referir el desafío a las autoridades electorales, cuando el 31 de diciembre se decretan medidas cautelares para la suspensión de cineminutos con dichos contenidos, y el propio partido el 6 de enero firma nuevamente un contrato con las empresas para hacerlo permanecer.
La pluralidad y reiteración de estas conductas, la diversidad de sus medios comisivos, implicó en que a cada orden de la autoridad de retirar y suspender la difusión de estos materiales, el Partido Verde en abierto desafío a las normas y a las instituciones electorales, hacía modificaciones mínimas, no sustantivas a los contenidos de los mismos, buscando hacer ineficaces en muchos casos, las determinaciones de las autoridades. Estamos frente a un ejercicio de fraude a la ley y a la Constitución, al vulnerar el modelo de comunicación política en la magnitud en la que ha ocurrido, lo que debe ser calificado como de una especial gravedad, pues es la televisión es el mecanismo privilegiado por el cual las y los mexicanos se informan de los asuntos públicos.
Así lo refirió la Sala Regional especializada en el SRE-PSC-5/2014 :
Dicha difusión concatenada y contrastada con la propaganda del propio partido político con motivo de su campaña “Verde sí cumple” evidencia una estrategia propagandística encaminada a posicionar al partido político de frente al proceso electoral federal en curso, lo cual, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional incumple el principio de equidad rector de los procesos electorales previsto en el artículo 134, de la Constitución.
Por su parte la Sala Superior en revisión, en el expediente SUP-REP-120/2015 y acumulados determinó que la conducta de este partido se caracterizó por ser intencional, sistemática e integral:
La intencionalidad de los legisladores y del partido de quebrantar la ley, ya que la estrategia sistemática e integral que caracterizó a la propaganda denunciada fue planteada por los propios denunciados a efecto de promocionar la imagen del partido frente a la ciudadanía a través del uso de la difusión de sus informes de labores, cuestión que implica una trasgresión al modelo de comunicación política previsto en la Constitución federal.
Como ha quedado de manifiesto en cada uno de los hechos que han sido descritos, es evidente que el PVEM ha diseñado una estrategia encaminada a posicionarse de modo anticipado a la competencia electoral, violando los preceptos constitucionales y legales a que se ha hecho referencia.
La gravedad de su conducta reside en que, atentando contra los principios constitucionales de la materia electoral, simuló una campaña legislativa, pretendidamente para la rendición de cuentas, en un fraude evidente a lo dispuesto por los artículos 41 y 134 de la CPEUM. Dese el 25 de septiembre de 2008 la Corte resolvió en las Acciones de inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumuladas, 77/2008 y 78/2008, las reglas que debía observarse en materia de informes de labores o de gestión, al revisar la legislación de Querétaro que es similar a la federal de aquel momento y de la actualidad. Así lo reiteró el 9 de septiembre de 2014 en las Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 22/2014, 26/2014, 28/2014 y 30/2014:
 “Son infundados los conceptos de invalidez formulados por el Partido del Trabajo, ya que el último párrafo del artículo 5° Bis de la Ley Electoral del Estado de Querétaro no es contrario a sendas prohibiciones establecidas en los párrafos sexto y séptimo del artículo 134 constitucional, ya que dicho precepto secundario no consigna alguna excepción permisiva para desequilibrar la competencia partidista o para que, so pretexto de algún informe gubernamental de labores, se asocie a los promocionales respectivos la personalidad de quien lo rinda.
En efecto, los párrafos constitucionales citados prohíben influenciar desde el Estado la equidad en la competencia entre los partidos políticos; así como incluir en toda la propaganda gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público, comportamientos que igualmente proscriben, en términos textuales, los dos primeros enunciados del propio artículo 5° Bis cuyo último párrafo es impugnado por el Partido del Trabajo.
Ahora, el tercer párrafo del artículo 5° Bis reclamado contiene una norma que debe interpretarse en conexión con los dos primeros párrafos del mismo artículo, esto es, articulada en relación con las mismas prohibiciones que aquéllos establecen, en tanto que se trata de una reiteración de las mismas limitaciones que en forma absoluta establece la Constitución para todo tipo de propaganda gubernamental.
De esta manera, ni a propósito del informe anual de labores o de gestión de los servidores públicos, ni con motivo de los mensajes para darlos a conocer, puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, ni la de incluir en dicha propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, pues en consonancia con el contexto de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional ─reproducidos en los párrafos primero y segundo del artículo 5° bis impugnado─ se deduce que la rendición anual de cuentas también está vinculada a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente tiene toda la propaganda gubernamental.
Esto es, bajo la lectura armónica del texto completo del artículo  5° bis reclamado, se advierte que su párrafo tercero, lejos de reducir las prohibiciones de referencia contenidas en el artículo 134 constitucional, lo que hace es establecer condiciones adicionales en orden a fijar con precisión la frecuencia, los plazos, el ámbito territorial y la oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse promocionales relacionados con los informes de gobierno de las autoridades estatales, municipales o de cualquier otro tipo, de suerte que estas últimas tengan sólo la posibilidad de publicitar algún acto de rendición de cuentas bajo las siguientes condiciones:
a)    Una semana antes de su presentación y cinco días después de esa fecha;
b)    Por una sola vez al año;
c)     En medios de comunicación de cobertura estatal;
d)    Sin fines electorales; y,
e)     Nunca se emitirán dentro del periodo de campaña electoral la difusión de mensajes, ni se llevará a cabo la realización del propio informe de labores.
Consecuentemente, si todas estas prescripciones no dejan sin efectos las repetidas prohibiciones en materia electoral contenidas en el artículo 134 constitucional, sino que más bien las precisan tratándose de la rendición de cuentas, es inexacto lo que afirma el Partido del Trabajo en el sentido de que la norma reclamada contenga excepciones a esas taxativas, ya que tal precepto de la Norma Fundamental, en la parte que se comenta, no canceló la publicidad gubernamental de todo tipo, sino únicamente la que pudiera tener como propósito favorecer a un partido político, o la de rendir culto a la personalidad de un servidor público mediante la emisión de mensajes con su nombre, imagen, voz o símbolos asociados visualmente con su figura o posición política, prohibiciones que subsisten aun durante la época en que se rindan los informes anuales de labores o de gestión gubernamental, conforme a la interpretación sistemática de todo el contenido del artículo 5° bis reclamado.
De esta manera, si los anuncios que difunda el Estado no tienen las características anteriores, particularmente los mensajes que tengan que ver con la promoción del ceremonial de un informe de la gestión gubernamental, no existe motivo alguno para que no puedan propalarse en los medios de comunicación social, a condición de que:
a)    Aludan al contenido del informe y no a la imagen, voz o símbolos que gráficamente impliquen a quien lo expone;
b)    Se refieran a los actos de gobierno realizados, y no a la promoción partidista; y,
c)     Los promocionales y el propio informe no constituyan un vehículo para enaltecer a la personalidad del gobernante, sino que sean diseñados para difundir, con carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, el resumen anual de los datos relacionados con el cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno, que permitan posteriormente evaluar el desempeño y la aplicación del gasto público.
Es claro que lo resuelto por la Corte antecede el inicio de la conducta del Partido Verde quien aún así, optó por una campana anticipada de posicionamiento de cara al proceso electoral.
El contenido y la estrategia de esta campaña, que el Tribunal calificó como una “sobreexposición”, asociada a ideas creativas y a mensajes específicos, fue retomada por el partido en los tiempos del Estado que le corresponderían durante la precampaña, sin que las autoridades interviniesen en ello. Del mismo modo, en el periodo de intercampañas, mantuvo dichos promocionales, y es hasta este periodo cuando la autoridad determina de nueva cuenta la ilegalidad de dicho contenido. A la par, la legisladora Ninfa Salinas aparecía nuevamente en promocionales de informes legislativos simulados y que las propias autoridades electorales han considerado violatorios de la competencia política y de la equidad de la contienda.
Vale la pena destacar que aun y cuando desde finales de diciembre de 2014 se había determinado la ilegalidad de esta estrategia de simulación, en el periodo de intercampañas, ahora con el concepto “Vales de medicina”, este partido desarrolla la misma estrategia con la Senadora Ninfa Salinas, tanto en los tiempos contratados de modo ilegal, como con los que le correspondían al partido político en dicho periodo y a través de diversos medios de comunicación social (como espectaculares y revistas, entre otros). Estos aspectos permiten concluir que en términos conductuales, se advierte pluralidad de conductas y relación entre éstas, colmando uno de los aspectos sustantivos de la sistematicidad.
En el periodo de 7 días que se exhibieron los mensajes legislativos contratados, el PVEM tuvo nuevamente una sobreexposición de por lo menos el 50% más de lo que le correspondía legalmente, a través de los medios de comunicación de mayor audiencia en el país. La gravedad está asociada pues, a que un poco antes de que iniciaran las campañas electorales, este conjunto de ejercicios, contrarios a las disposiciones constitucionales, permitieran que el inicio de la competencia política en el periodo de campañas estuviese viciada originalmente por una estrategia paralela desarrollada en los periodos previos, contraria al modelo de comunicación política.
No considerar estas violaciones al modelo de comunicación política, como sistemáticas, graves y reiteradas, aún cuando hay actos de autoridad de los que el Verde ya tenía conocimiento, es darle una condición de impunidad y enviar un mensaje, desde las instituciones, de desapego a la legalidad.
b.     No contar con recursos públicos o privados ilegales para el financiamiento de un partido político.
Otro de los elementos centrales de la equidad en el modelo electoral mexicano reside en no emplear, en ningún momento pero mucho menos durante el proceso electoral y sus distintas etapas recursos de origen ilegal, tanto de carácter público, como de carácter privado.
Si bien éste es un de los ángulos que las autoridades inexplicablemente aún no han resuelto, por las documentales que obran en los expedientes relativos a la difusión de spots legislativos estamos en condiciones de afirmar, que el Partido Verde fue favorecido ilegalmente con al menos 86 millones de pesos  provenientes de recursos públicos ¾de sus dos grupos parlamentarios¾ que perjudicaron la equidad de la contienda, en franca violación al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución.
Esto contraviene directamente lo establecido en la Ley General de partidos que señala claramente:
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a)  Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

….
f)  Las personas morales,
En esta misma dirección, debe señalarse que los contratos por casi 107 millones de pesos, para la transmisión de más de 270 mil spots con las empresas Televisa y Televisión Azteca están muy por debajo del precio de mercado al que las propias autoridades han tenido acceso en otros asuntos. Vale la pena citar la Resolución del Consejo General identificada con la clave CG268/2012, en la que consta que el Gobierno Federal contrató con la empresa Televisa la difusión de un spot con una duración de un minuto en el canal 2, por un costo de más de 1.5 millones de pesos. De este modo, un spot de 30 segundos en dicha red de programación (conocido como el canal 2) tenía un costo en aquel tiempo de 750 mil pesos. Así, en la red programática de dicho canal, el costo unitario por impacto sería de $6,000 (considerando que tiene 125 títulos de concesión); si a esta cifra le descontamos el 50% para sacar un costo unitario promedio de los distintos canales de las empresas Televisa y Televisión Azteca donde fueron transmitidos los spots del Partido Verde, tendríamos un costo promedio conservador de $3,000 por impacto, los cuales, multiplicados por los más de 270,000 impactos que se difundieron, habrían costado al menos 810 millones de pesos.
Dicho monto, aún sin considerar los precios muy por debajo del mercado de la propaganda en cineminutos contratada por el Partido Verde[5], es mayor a todas las prerrogativas públicas de dicho partido durante el año 2015, incluidas aquí las relativas a la campaña[6]. La aportación en especie de persona moral prohibida ¾en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos¾ de la que se benefició este partido político supera incluso el monto implicado en lo que histórica y electoralmente se conoce como el caso “Pemexgate”. Si aunado a lo anterior se suman las prerrogativas públicas a que tiene derecho este partido, advertiremos que la magnitud de los recursos implicados están por encima de las prerrogativas que cualquier partido político podría emplear en el periodo de campaña. El máximo gasto posible en la elección federal a diputados es de un poco más de 360 millones de pesos, cuya agravante adicional se funda en el hecho de que ninguna persona moral, como es el caso de Televisa y Televisión Azteca, pueden financiar a un partido político.
De este modo, la historia del proceso democrático mexicano ha estado fuertemente vinculada a impedir que sea el dinero el factor que determine la representación política. Permitir que aún en especie, de manera ilegal, empresas mercantiles financien y posicionen a un partido político en esta magnitud ¾la aportación en especie de Televisa y Televisión Azteca asciende al menos a 700 millones de pesos, descontando los cerca de 100 millones erogados por los Grupos Parlamentarios del PVEM y sus legisladores¾, nos coloca incluso antes de que concluya la campaña, en una circunstancia de extraordinaria gravedad, por el desequilibrio de la competencia política que se ha generado.
De no resolverse favorable y oportunamente esta solicitud, la representación política que derivaría de los triunfos de dicho partido político en la Cámara de Diputados tendría un origen en el posicionamiento que dicha fuerza política ha adquirido merced a la sobreexposición y a un financiamiento ilegal, que pervierte el sistema democrático en su conjunto.
c.     No rebasar los topes de campaña previstos para cada uno de los contendientes a un puesto de elección popular.
El tercer elemento de la equidad en el sistema electoral mexicano se ha establecido en la determinación de un tope de gastos de campaña para dar un techo de igualdad en las condiciones de la competencia política. Se trata de un tope similar a contendientes a un mismo puesto de elección popular. Para la elección federal el monto que ha sido establecido para diputados es de $1’260,038.34, lo que multiplicado por 300 candidatos, asciende a $378’011,502. Debe señalarse que para el periodo de campaña, merced a la coalición parcial entre el PVEM y el PRI para la postulación de 250 candidatos, y los 50 candidatos que postulará individualmente, el PVEM podrá gastar hasta $203’622,195.74.
Aún y cuando este elemento de la equidad de la competencia en sí misma no ha sido juzgado, pues está en curso el periodo de campañas, constituye un referente necesario para analizar la magnitud de los recursos empleados previamente por este partido político, tanto de origen legal como de origen ilegal, de cara al actual proceso electoral, colocándolo en una condición de ventaja frente a los demás contendientes.
2. La autenticidad de las elecciones:
El párrafo segundo del artículo 41 constitucional mandata que la renovación del poder legislativo se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las bases en él contenidas, mismas que se refieren al carácter de entes de interés público de los partidos políticos ¾con sus respectivos derechos y obligaciones¾, a las reglas para su financiamiento, a la determinación del modelo de comunicación política, a las reglas para la organización de la elección, y al sistema de medios de impugnación que garantizan la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. 
De lo anterior se deriva que la autenticidad de una elección depende no sólo de la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acudir a votar el día de la jornada electoral, sino también al cumplimiento, por parte de los contendientes, de las reglas inherentes a la celebración de un proceso electoral.
En esta dirección, el incumplimiento reiterado y sistemático de las reglas constitucionales para la competencia democrática va en sentido contrario de la autenticidad de los comicios, como un bien constitucionalmente protegido. Las elecciones son un medio para la realización de la democracia representativa siempre que se den en condiciones de igualdad jurídica para quienes votan, pero también para quienes son votados. La autenticidad de una elección depende así, de manera central, en que las condiciones de equidad del proceso electoral hayan sido suficientes, sin que exista una simulación generalizada de dichas condiciones, pues alteraría el ejercicio libre e informado de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a votar.
La validez de un voto hacia una fuerza política no reside únicamente en la marca en la boleta sobre un emblema de partido. Debe estar  asociada también al cumplimiento por parte de ese partido de las reglas que la Constitución  ha establecido para la competencia política. Es decir, están vinculadas a sus obligaciones como entidades de interés público. Si un partido político, contrario al mandato establecido en la Base I del artículo 41 de la CPEUM, no promueve ni respeta los principios de la vida democrática, debe perder el derecho a ser una vía para la integración del poder público. Es admisible en el marco constitucional que con plena libertad se planteen las plataformas electorales, los ideales e ideología por parte de un partido político. En el caso del Partido Verde no está en cuestión  su plataforma o sus propuestas electorales. Lo que está en entredicho y resulta inadmisible es que goce de derechos para permanecer en el sistema de partidos, pero al mismo tiempo, actúe ¾de forma grave, reiterada y sistemática¾ en sentido inverso o contrario a las reglas que le sostienen.
La racionalidad mantenida públicamente por algunos analistas sobre que la pérdida de registro “sólo debe” darse por la vía del voto o de las urnas, es contraria a la obligación de las autoridades de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. El derecho a votar consiste en la libertad de hacerlo por opciones legales, a partir de la existencia de procesos electorales válidos, auténticos y equitativos, en el que sea posible que cada ciudadana y ciudadano valore en libertad la oferta política disponible, sus plataformas, sus ideales, a los y las candidatas que postula, su capacidad en el ejercicio del poder público. La determinación respecto de la legalidad o no de las distintas opciones políticas, así como de las consecuencias que, en su caso, deben derivar de conductas y acciones ilegales de un contendiente corresponde al Estado, no a la ciudadanía. Lo contrario implicaría pretender dejar en manos de los ciudadanos los mecanismos de acceso a la justicia o que éstos hicieran justicia por sí mismos, en contravención a lo previsto en el primer párrafo del artículo 17 constitucional.
Así, la pérdida de registro por no obtener el 3% de la votación válida emitida es una opción legal y posible, si deriva de que un determinado partido político no cuenta con una preferencia electoral mayor por parte de la ciudadanía, pero no puede concebirse como un mecanismo por el que los ciudadanos sustituyan las obligaciones constitucionales y legales que tienen las autoridades electorales. No puede ni debe admitirse que un ciudadano en el ejercicio de su derecho al voto se enfrente a la dicotomía de elegir entre opciones legales y una ilegal. Los ciudadanos no estamos obligados a saber si un partido ha cumplido o no con las reglas de la competencia política, para ello existen jueces y organizadores de la contienda. La omisión de estos de pronunciarse sobre la ilegalidad en las condiciones de la competencia política por parte de uno de los actores de la contienda, deja al arbitrio de los ciudadanos una determinación que constitucional y legalmente es conferida a las autoridades electorales, precisamente para la protección y tutela del ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho al voto. Es tanto como pretender que los ciudadanos dejen de acudir preferencialmente por un servicio que se presta de modo ilegal o fraudulento, mientras la autoridad permanece a la expectativa.
En esta dirección, la exigencia a las autoridades electorales para que determinen la pérdida del registro del PVEM reside también en que, de no hacerlo, violarán los derechos de los ciudadanos a que su voto se pueda ejercer a favor sólo de opciones que han competido en el marco de las reglas democráticas, ya que por la magnitud de los hechos y las consideraciones que han sido descritas, no resulta reparable el daño a la equidad de la competencia política que ha ocasionado el Partido Verde a través de la imposición de las demás sanciones previstas en la ley. Así, la protección de la celebración de elecciones auténticas por parte de las autoridades, pasa por restablecer la equidad de la competencia política, retirando el registro a un partido cuyo actuar ha infringido no sólo un conjunto de reglas y prohibiciones específicas (como lo son las características de la propaganda impresa, los artículos promocionales utilitarios, la entrega de dádivas, entre otras), sino que ha trastocado de forma generalizada e irreparable la naturaleza misma del proceso de competencia democrática.
La permanencia del Partido Verde en el sistema de partidos, a pesar de la magnitud y características de las violaciones que se han documentado y sancionado, implicaría legitimar el acceso al poder por medio de estrategias y ventajas ilegales, vulnerando de esta forma, la autenticidad de las elecciones en la que las y los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho y la obligación de sufragar.

Q U I N T O.- SISTEMATICIDAD. Al igual que se argumentó respecto a la gravedad en el apartado anterior, debe precisarse que la sistematicidad implícita en cada una de las conductas individuales del PVEM, ya la tuvo por acreditada la autoridad jurisdiccional, como se desprende del SUP-REP-120/2015:

Ello implica que la difusión de los promocionales se realizó durante setenta y dos días, de los cuales veintiocho fueron antes del inicio del proceso electoral federal y cuarenta y cuatro durante el proceso electoral federal, antes del inicio de las precampañas de los partidos políticos.

Lo cual constituyó una estrategia sistemática de promoción de la imagen del Partido Verde Ecologista de México que generó una indebida sobreexposición del partido frente a la ciudadanía.

De igual forma, en el SRE-PSC-7/2015 la Sala Regional Especializada recordó cómo la Sala Superior había calificado la violación del Partido Verde Ecologista de México como “sistemática”:

Al respecto, la Sala Superior, hizo un ejercicio de ponderación respecto de los valores que tutela el artículo 134 de la Constitución, atendiendo, por supuesto, a las circunstancias particulares del caso, para llegar a la conclusión, que las conductas reiteradas y sistemáticas daban lugar a la infracción del artículo constitucional en comento.

Asimismo, en el SER-PSC-32/2015 se señaló lo siguiente:

A juicio de esta Sala, lo anterior demuestra no sólo una continuación flagrante de identidad, sino también una sistematicidad y un convencimiento explícito por insistir en una exposición indebida del partido político denunciado, así como el establecimiento de una campaña simultánea mediante el lanzamiento de promocionales en radio y televisión y en propaganda fija, móvil e Internet, que pone en riesgo la equidad en el proceso electoral, sin que exista precepto legal alguno que permita dicha sistematicidad.

Ello ocasiona que el PVEM, amparado bajo la difusión de propaganda política, realice una campaña de reiteración y sistematicidad, que conforme a las particularidades que rodean el presente asunto, pone en riesgo el principio de equidad.
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En el mismo sentido, dentro del SRE-PSC-53/2015, la Sala Regional Especializada advirtió que:

Con base a lo anterior, esta Sala Especializada considera que la utilización de la propaganda política con los lemas apuntados en párrafos anteriores, forma parte de la estrategia sistemática, continua y reiterada de la que se benefició el Partido Verde, a partir de la identidad sustancial de la propaganda que se consideró ilícita, cuyo propósito fue posicionarlo frente a la ciudadanía en el proceso electoral federal en curso.

Ahora bien, si, al analizar caso por caso, la propia autoridad jurisdiccional ha tenido por acreditada en múltiples ocasiones la existencia de una estrategia sistemática, continua y reiterada del PVEM, en el incumplimiento de sus obligaciones,  el razonamiento lógico que debería hacerse sería similar al que se expuso en el apartado anterior respecto a que el análisis que se solicita de esta autoridad trasciende la sistematicidad implícita en cada una de las infracciones o los incumplimientos que ya han sido conocidos y calificados por las autoridades competentes; consiste precisamente en una valoración integral y conjunta de las conductas que tome en consideración tanto su objeto como su efecto, en el marco del proceso electoral que se encuentra en curso. De esta forma y tal como se señaló en el apartado anterior, de un análisis como el que se señala —indispensable para la actualización de una causal de pérdida del registro, como la prevista en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP—, debe concluirse que, también en la valoración en conjunto de todas las violaciones, se encuentra presente un actuar sistemático y además, una estrategia que permitió coordinación para alcanzar a través de diversas y diversos medios comisivos un mismo fin, en el marco o con miras al proceso electoral que actualmente está en curso, incumpliendo con sus obligaciones  y desacatando las ordenes de la autoridad, con el único propósito de la obtención de beneficios ilegales de cara a los resultados de la elección.

No obstante, a pesar de lo evidente del razonamiento, el Partido Verde Ecologista de México, al dar contestación al emplazamiento negó la existencia de la sistematicidad en los siguientes términos:

En este orden de ideas, las violaciones al 21 incisos que contempla el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, en otras palabras, a las obligaciones de los partidos políticos debe implicar un sistema contrario a ellas, lo que evidentemente no se actualiza en el presente Procedimiento Sancionador.

En resumen, lo que se demostró con los hechos que se denunciaron fue una campaña sistemática integral que fue declarada ilegal, más (sic.) nunca se comprobó violaciones sistemáticas a las obligaciones de los partidos políticos, que son cosas abismalmente distintas, debiendo absolver y desestimar al Partido Verde Ecologista de México de la pérdida o cancelación de registro como partido político.

De lo anterior se desprende que, aunque el partido denunciado intentó negar lo evidente, en realidad lo que hizo fue confesar su actuar ilegal, pues con sus propias afirmaciones nos da la razón diciendo que los hechos que expusimos en el escrito inicial demostraron la existencia de una campaña sistemática integral que fue declarada ilegal. Esta afirmación que realiza el propio PVEM en realidad demuestra que si la campaña fue declarada ilegal, luego entonces, constituyó una violación a las obligaciones de los partidos, y si, tal violación, además, tuvo el carácter de “sistemática”, es evidente que se está ante una “violación sistemática”.

Aunque creemos que, en virtud de que con todo lo expuesto en el presente alegato acredita fehacientemente la sistematicidad, creemos oportuno señalar los elementos que la conforman, pues, aunque los criterios jurisdiccionales que se han expuesto señalan que ha existido sistematicidad en las conductas, no se ha abundado suficientemente  sobre cuáles son sus elementos.

Así, de una interpretación integral de una serie de fallos[7] de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, podría señalarse que los elementos de la sistematicidad —sobre todo tomando en cuenta el caso paradigmático conocido como “Los amigos de Fox”, identificado con el SUP-RAP-98-2003, son los siguientes:

a) Elemento conductual
1. Pluralidad de conductas.
Es claro que si se presenta una sola conducta, entonces no puede haber sistematicidad. Conforme a ello, parece existir cierta similitud con la reincidencia, pues para que ésta surja también es necesaria la pluralidad de conductas. La diferencia es que en ese caso es indispensable que las conductas sean de la misma naturaleza, mientras que para el caso de la sistematicidad no es necesaria tal exigencia, pues, precisamente la idea de un sistema es que, a través de diversos medios, se pueda llegar un fin común.  Lo que acerca a las conductas, pues, no es su idéntica naturaleza, sino su conexidad o coordinación, como enseguida se verá.

Basta señalar que, evidentemente, en el caso que nos ocupa se presentó una multiplicidad de conductas, tal y como quedó precisado en los 25 puntos del capítulo de hechos de nuestro escrito inicial.

2. Relación estrecha entre esas conductas.
Respecto a este aspecto, el TEPJF ha utilizado los conceptos de coordinación, uniformidad e identidad de las conductas. Evidentemente la palabra “identidad” no alude a la exigencia de que las diversas conductas sean de la misma naturaleza, como ya hemos apuntado, sino que alude esas conductas sean afines a un mismo plan o unidad o, en otras palabras coincidencia en dentro de la misma estrategia.

También este elemento se encuentra acreditado, pues, como ya habíamos señalado, en el SRE-PSC-32/2015 se señaló que “[a] juicio de esta Sala, lo anterior demuestra no sólo una continuación flagrante de identidad […]”.[8]

b) Elemento temporal
1. Pluralidad de ocasiones
Así como se exige la pluralidad de conductas, se exige especie de pluralidad temporal, pues el TEPJF  ha señalado que las conductas deben haberse cometido en diversos momentos.

También este supuesto se ha colmado, pues en el propio SUP-REP-120/2015 se ha señalado lo siguiente:

Ello implica que la difusión de los promocionales se realizó durante setenta y dos días, de los cuales veintiocho fueron antes del inicio del proceso electoral federal y cuarenta y cuatro durante el proceso electoral federal, antes del inicio de las precampañas de los partidos políticos.

Aunado a ello, y más allá de los demás ejemplos que podrían derivarse de los hechos cuyo análisis se solicita, tal como se señala en el escrito inicial de petición, la conducta relativa a la difusión de propaganda en beneficio del PVEM, bajo el amparo de spots legislativos, no cesó luego del dictado de medidas cautelares ordenado en el SUP-REP-19/2014, sino que se reiteró en la etapa de intercampañas, con la difusión de los promocionales de la Senadora Ninfa Salinas.

2. Relación temporal entre las conductas
Respecto a este punto, el TEPJ ha utilizado expresiones como conexidad, coincidencia y simultaneidad de las conductas en el tiempo. Aquí, se entiende que hace referencia a que las conductas deben cometerse dentro de un mismo periodo.

En el caso que nos ocupa, sirve la misma cita del SUP-REP-120/2015 que en el punto anterior insertamos, pues en ella se deja ver claramente que las diversas conductas cometidas en diversos momentos están unidas temporalmente porque tienen impacto directamente dentro del presente proceso electoral federal.

c) Elemento comisivo
El TEPJF ha señalado que puede develarse la sistematicidad si las diversas conductas aparecen coincidente y simultáneamente en diversos medios, como radio y televisión, propaganda fija, móvil, e internet.

Sobre el particular, en el SER-PSC-32/2015 se señaló que:

A juicio de esta Sala, lo anterior demuestra no sólo una continuación flagrante de identidad, sino también una sistematicidad y un convencimiento explícito por insistir en una exposición indebida del partido político denunciado, así como el establecimiento de una campaña simultánea mediante el lanzamiento de promocionales en radio y televisión y en propaganda fija, móvil e Internet, que pone en riesgo la equidad en el proceso electoral, sin que exista precepto legal alguno que permita dicha sistematicidad.

c) Elemento teleológico.
El TEPJF ha establecido que las diversas conductas deben perseguir un fin común, esto es, deben tener unidad teleológica. En el caso que nos ocupa el elemento teleológico de toda la estrategia del Partido Verde consistió en la exposición indebida frente a la ciudadanía, tal y como se expresó en el SRE-PSC-53/2015:

Con base a lo anterior, esta Sala Especializada considera que la utilización de la propaganda política con los lemas apuntados en párrafos anteriores, forma parte de la estrategia sistemática, continua y reiterada de la que se benefició el Partido Verde, a partir de la identidad sustancial de la propaganda que se consideró ilícita, cuyo propósito fue posicionarlo frente a la ciudadanía en el proceso electoral federal en curso.

d) Elemento fraudulento
El TEPJF ha hecho referencia a estructuras o mecanismos paralelos y al ocultamiento de conductas para, al final, obtener un beneficio. Es claro que en el caso que nos ocupa, el Partido Verde trató de burlar la ley, aparentando el ejercicio legítimo de derechos. En otras palabras, la intencionalidad de cometer las infracciones siempre estuvo acompañada de una intencionalidad aún más específica para encubrir dichas infracciones, fraguando un plan para disimular la ilicitud y, con ello, cometer fraude a la ley.

Por lo anteriormente expuesto, a Usted respetuosamente solicito:
ÚNICO.- Tenerme por presentado, con la personalidad que tengo acreditada, en los términos del presente escrito, formulando alegatos, para todos los efectos legales conducentes.


Atentamente,



C. Sergio Aguayo Quezada

















[1] Ver la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-3/2015.
[2] Ver, entre otras la sentencia dictada en el SUP-REP-19/2014, páginas 44 y 45.
[3] Las variaciones que se advierten en el presente escrito respecto del número de impactos de los spots legislativos del PVEM derivan a los distintos momentos y sentencias en que éstos fueron analizados y sancionados por las autoridades, como se advierte en el cuadro relativo a las sanciones impuestas, que se incluye más adelante. Puede afirmarse válidamente que en total fueron cerca de 300,000 impactos.
[4] Tal como se desarrolló en el apartado relativo a los hechos.
[5] Ver el acta de la sesión del Consejo General del INE en la que se discutió el incumplimiento a las medidas cautelares ordenadas respecto de la difusión de los cineminutos.
[6] Durante el 2015, el PVEM recibirá como financiamiento ordinario $323’233,851.62; como financiamiento de campaña $96’970,155.49, y para actividades específicas $8’808,006.32.
[7] Sólo como ejemplos podemos citar los expedientes siguientes: SUP-RAP-98-2003, SUP-RAP-0241-2008, SUP-RAP-13/2012, SUP-RAP-255/2012, SRE-PSC-0032-2015 
[8] En relación con esta sentencia, si bien es cierto que como se ha señalado, la misma fue revocada por la Sala Superior en la sesión celebrada el 27 de mayo pasado, los elementos de valoración a que se hace referencia forman parte del análisis de la conducta atribuible a la Senadora Ninfa Salinas –en relación con el beneficio que su conducta generó al PVEM-, respecto de lo cual, la Sala Superior confirmó la infracción.