domingo, 18 de octubre de 2015

Reflexión sobre la designación de ministros en la Suprema Corte de Justicia – Columna en Altavoz


REFLEXIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE MINISTROS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA





Supremae legis servi sumus ut liberi esse possimus. (De la ley suprema siervos somos para poder ser libres.)

– Inscripción en latín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debajo del mural de José Clemente Orozco.



La preocupación sobre la politización de la Suprema Corte es generalizada en todo el país. Este noviembre concluyen su cargo dos ministros, la Min. Olga Sánchez Cordero y el Min. Juan Silva Meza, y corresponde al Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de nuestra Constitución Política, presentar una terna con sus nominaciones al Senado de la República para que este designe a los sucesores de los ministros salientes.

Grandes académicos, políticos y activistas han creado un movimiento social para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto que incluya en su terna a personas con carrera judicial y que no pertenezcan a ningún partido político. Lo que se busca es que no se repita lo que sucedió el año pasado con la designación del Min. Eduardo Medina Mora, evento que significó el colmo de los colmos para evidenciar la prostitución de nuestro máximo órgano judicial a los intereses políticos del Gobierno Federal en lugar de a la legalidad (que conste que digo legalidad y no justicia, porque considero que nuestra Suprema Corte no busca proteger esta última, sino la primera; aunque este es otro tema).

De entre todas las grandes personalidades y figuras públicas que integran e impulsan este movimiento social, se encuentra liderándolo el Lic. Alejandro Madrazo Lajous. Él fue quien en su momento también lideró el movimiento en contra de la designación del Min. Eduardo Medina Mora y es quien ahora exige que tengamos una Suprema Corte “sin cuotas, ni cuates”.

El Lic. Madrazo y otras decenas de miles de ciudadanos exigen al Presidente que no proponga candidatos por compadrazgo y con conflictos de intereses y al Senado, que tengan una auscultación abierta, que verdaderamente analicen detenidamente la terna y fundamenten y motiven a la ciudadanía la designación de los dos ministros que queden.

Su petición no sólo me parece pertinente, sino acertada, puesto que ya ha pasado antes que se ha “infiltrado” en la Corte una persona incapaz y con conflicto de interés (léase el Min. Medina).

En entrevista con El Universal TV, explica el Lic. Madrazo que precisamente el lema de “Una Suprema Corte #SinCuotasNiCuates” atiende a exigir que no se designen los ministros conforme a “cuotas” de los partidos políticos, ni a los “cuates” del Presidente. Suscribo con esta exigencia.

Pero no todos están de acuerdo con este movimiento social que ha cobrado tanta relevancia nacional. Entre los opositores, se encuentra el Mtro. Gerardo Laveaga Rendón, quien en reclama en un artículo en Excélsior que proponer candidatos ante el Senado es facultad constitucional del Presidente y “nadie tendría por qué entrometerse para decirle a quién debe impulsar y a quién no”.

Escribe el Mtro. Laveaga que tampoco está de acuerdo con las “cuotas”, como lo plantea el movimiento social en cuestión, y estima que se deben impulsar personas visionarias y con autoridad moral que cambien el rumbo de México a través de una Corte “vigorosa”.

Sin embargo, deja muy claro que para tomar estas decisiones están el Presidente y el Senado, no nosotros: “para eso los elegimos”, expresa.

La posición del Mtro. Laveaga sobre que necesitamos una renovación de la Suprema Corte, debemos de convertirla en una corte constitucional y no que trate asuntos menores y requerimos ministros valientes que no tengan miedo de innovar en sus sentencias es compatible con la mía.

Empero, difiero en que debemos dejarle el trabajo, así a ciegas, a los constitucionalmente facultados y abstenernos de presionar y exigir una terna decente. Y en esto coincide conmigo el Lic. Alejandro Madrazo, con quien conversando el día de ayer me dijo que “defender esto [que no debemos de exigir ni al Presidente, ni al Senado] sería decir que los ciudadanos debemos votar un día y callar seis años”.

Es por eso que en este sentido, no estoy de acuerdo con esta línea que postula el Mtro. Laveaga y apoyo públicamente el movimiento del Lic. Madrazo. Aunque quisiera apuntalar que las posturas de ambos no son incompatibles, sino difieren en dos únicos aspectos: el de presionar socialmente al Presidente y el de las características que deben tener los aspirantes a ministros.

El Mtro. Laveaga “apuesta a que el Presidente considerará” lo que el país necesita; el Lic. Madrazo, no (y justificadamente, en mi opinión, porque ya nos demostró nuestro mandatario en su designación pasada que no tiene los mejores intereses de la Corte y su legitimidad en mente).

Al Lic. Madrazo Lajous le gustaría que se propusieran en la terna a personas con carrera judicial, según lo ha dicho en varios medios. (Una persona con carrera judicial lo es si ha desempeñado varios cargos en los órganos jurisdiccionales y, así, ha adquirido experiencia, formación y conocimientos por los que tiene méritos.)

Al Mtro. Gerardo Laveaga no le gusta esta idea y preferiría que fueran propuestos candidatos más aventados, quizá de la academia, a que fueran magistrados o jueces, puesto que estos suelen ser muy cerrados. “De un juez o un magistrado espero rigor técnico; de un ministro, espero audacia e imaginación”, me platicó el día de ayer.

A mí me gustaría que un puesto lo ocupara un abogado de la academia y que un puesto lo ocupara un abogado litigante. Estaría muy bien tener dos perspectivas y visiones frescas que hacen falta en nuestra tan desgastada Suprema Corte. Indubitablemente, necesitamos ministros innovadores y no inflexibles.

Pero independientemente de las particularidades que estimemos todos que deben tener los nominados para ocupar el cargo de ministros, yo diría que podemos todos consensuar en que no pueden ser militantes de algún partido político ni “cuates” del Presidente de la República.


Ustedes, ¿qué opinan?




________________________________________

Aviso: Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.

miércoles, 14 de octubre de 2015

Sin confianza, no hay gobierno - Columna en Altavoz

lunes, 5 de octubre de 2015

Reflexión sobre la tenencia - Columna en Altavoz




Reflexión sobre la tenencia




I. Es importante recordar el origen de la tenencia.


La existencia del impuesto a la tenencia vehicular, llamado coloquialmente “tenencia”, ha recobrado relevancia a nivel estatal, así como lo hizo hace seis años, dada la entrada de un nuevo gobernador en Nuevo León que, igual que el anterior, prometió en campaña eliminarla.

A todo esto, es muy relevante recordar la ratio de la creación de este impuesto. El impuesto a la tenencia fue implementado por primera vez en 1962, bajo el mandato del entonces presidente, el Lic. Adolfo López Mateos. Surgió con el objeto de recabar fondos para los Juegos Olímpicos de 1968, de los que México fue sede. En ese entonces, se planteó que el impuesto en cuestión sólo duraría por dos años… y henos aquí ahora. 

Por supuesto, el gobierno no se resistió a los miles de millones de pesos que se recaudaban por razón de la tenencia, por lo que nunca lo eliminaron.

Únicamente en Nuevo León, se recaudaron 3,100 millones de pesos en el año 2013. En el año 2014, se superó esa cifra por un 13%, por lo que se llegó a la cantidad de 3,500 millones. El Instituto de Control Vehicular del estado espera llegar a los 4,000 millones de pesos recaudados por el año 2015: un 15% más que el año pasado. 

Es muchísimo dinero, sí. Pero no es nada comparado con lo que gasta el gobierno en servicios personales de sus funcionarios públicos, por ejemplo. Así que considerar la tenencia como un impuesto necesario para la estabilidad de las finanzas del estado, cuando el gobierno saliente del Lic. Rodrigo Medina cuadriplicó la deuda, sería absurdo.

Así pues, resulta importante recordar el origen del impuesto a la tenencia porque podemos identificar que su ratio (el financiamiento de las olimpiadas de 1968) no subsiste en la actualidad, por lo que este ya no tiene fundamento.


II. La eliminación de este impuesto injusto, sería una gran victoria.


La eliminación de la tenencia es una propuesta que nos vienen prometiendo los políticos en Nuevo León desde hace muchos años… y ninguno ha cumplido. El gobernador saliente, el Lic. Rodrigo Medina, lo propuso en su campaña en 2009; sin embargo, no hubo una sola propuesta concreta en el tema que se analizara en la Legislatura pasada. 

El gobernador electo, el Ing. Jaime Rodríguez, también propuso la eliminación de la tenencia en su campaña. Pareciera que esta vez estamos más cerca de que esta propuesta tan reciclada se haga realidad. 

Y lo digo porque la eliminación del impuesto a la tenencia vehicular ha sido uno de los temas primordiales que se han discutido en esta nueva Legislatura y en la que existe mayor consenso entre las distintas fuerzas políticas, no porque “El Bronco” siga impulsando la iniciativa con la misma euforia con la que lo hacía en campaña. El Ing. Rodríguez ha estado pidiendo paciencia para analizar con detenimiento la promesa que hizo.

Los diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional e incluso su partido satélite, el Verde Ecologista, se han pronunciado públicamente a favor de impulsar esta iniciativa. Hay consenso, pues. 

Asimismo, la Comisión de Hacienda del Congreso del estado se ha declarado en “sesión permanente” para analizar la eliminación de la tenencia en particular y las distintas iniciativas que lo rodean. Incluso han planteado realizar una consulta ciudadana para recabar la opinión de todos en cuanto a la eliminación de este impuesto. 

Declaró la Comisión de Hacienda que la consulta ciudadana se realizará vía internet para poder llegar a los más ciudadanos posibles en el menor tiempo posible. Planean, según dijo su titular, el Dip Eugenio Montiel, mantener en línea la consulta por dos semanas aproximadamente. Después de esto, los diputados tendrán que analizar los resultados de las opiniones recabadas, contrastar y compararlas con las iniciativas de los partidos y preparar un dictamen único que vaya a ser sometido a discusión en el Pleno del Congreso. 

Desde hace años, organizaciones civiles han impulsado la eliminación de la tenencia sin éxito. Ahora es cuando deben volver a ejercer presión en nuestros legisladores, aprovechando su interés en el tema, para vigilar que no haya tranzas de por medio y que la reforma se de en los términos ideales. Deben poner sus propuestas sobre la mesa en la que antes se les negó una silla y asegurarse de que los diputados legislen de forma justa.


III. ¿Afectaría negativamente las finanzas del estado? No.


Ha circulado mucho un argumento en contra de esta propuesta: postula que, dada la magnánima deuda que nos ha dejado el gobierno saliente del Lic. Medina, necesitamos en estos momentos como estado hacernos del mayor dinero posible para no quedar en bancarrota… y los impuestos, incluyendo el de la tenencia, son la principal fuente de ingresos del gobierno. No obstante, considero que hay otras formas de “hacerse de dinero” que no impliquen seguir aplicando y cobrando impuestos injustos.

Entre las muchas formas que podrían ocurrírsenos para contrarrestar lo que deje de recibir el estado por la tenencia vehicular (entre ellas, que dejen de desviar recursos), destaca una que ya ha sido puesta sobre la mesa. El Dip. Arturo Salinas ha sugerido “adelgazar” la burocracia para recuperar de allí lo que se estaría “perdiendo” de ingresos por parte del impuesto a la tenencia. 

Señaló en la Comisión de Hacienda el Dip. Daniel Carrillo, que con la reducción del 30% de servicios personales de los funcionarios y una reestructuración de la estructura orgánica de las paraestatales, podría recabarse más del doble de lo que se recaba por motivo del impuesto a la tenencia vehicular. 

Es un impuesto injusto, cuya ratio legis no conserva su vigencia, cuya eliminación ha sido prometida múltiples veces en campaña, cuyos fondos pueden fácilmente sustituirse realizando cambios en la estructura orgánica gubernamental y sobre el que hay consenso general de partidos y ciudadanos en cuanto a que debe eliminarse.


¿Qué esperan?




___________________
Fuentes de información:

Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Información financiera general del gobierno del estado de Nuevo León. Año: 2014.
Congreso del estado de Nuevo León. Acta de sesión ordinaria del primer periodo y primer año de la LXXIII Legislatura. Año: 2015.




________________________________________


Aviso: Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.

jueves, 1 de octubre de 2015

Un reto criminal - Columna en El Norte


Promover en internet las drogas, aún en broma,
es un delito.   Los jóvenes deben tener cuidado.

Un reto criminal



DESDE EL BLOG / María F. Santos Villarreal
01 Oct. 2015





Con toda la tranquilidad del mundo, una joven rubia inhala rápidamente lo que parece ser polvo de cocaína de la tapa de un bolígrafo, e invita a varios amigos a hacer lo mismo. Esto se observa en un video, de los muchos similares que han circulado estos días en redes sociales, en los que se practica y promueve el llamado "reto del pasesito".

Si bien hay quienes dudan de la veracidad de los videos o de si estos chavos lo hacían "de broma", el revuelo que han causado es enorme.

Es necesario llamar la atención sobre los alcances que puede tener una "tontería de jóvenes". Quizá ellos no lo sepan, pero grabarse presuntamente consumiendo droga acarrea varias consecuencias negativas. Me detendré en una de las que más marcaría su futuro: la penal.

Sea cierto o falso, el "reto del pasesito" es una apología del delito, lo cual es un delito en sí mismo. Aun si de verdad fuera broma, sigue siendo delito, pues la conducta encuadra perfectamente en el tipo penal.

El delito en cuestión está tipificado en el Artículo 194 del Código Penal Federal, que se encuentra en el apartado de "Delitos contra la salud", y lo define como todo acto de propaganda o publicidad para el consumo de narcóticos.

La notificación del crimen puede hacerla cualquier persona e incluso el propio Ministerio Público si llega a saber de los hechos, pues es un delito que se persigue de oficio.

En cualquier momento puede el Ministerio Público iniciar un proceso penal en contra de la joven rubia, o cualquiera de sus amigos que le sigan el juego y hagan sus propios videos, y al tener como prueba la grabación que muestra la posesión de una supuesta bolsita de cocaína, la instrucción verbal de cómo consumir el producto, la inhalación de la sustancia y la expresa e indudable invitación a más personas a hacer lo mismo, tendrían el caso prácticamente ganado.

Estos jóvenes que sólo "se divertían" serían condenados al pago de una multa que va de las 100 cuotas como mínimo, que equivale a 7 mil 010 pesos, y a las 500 cuotas como máximo, que serían 35 mil 050 pesos. Esto adicionado a una pena de prisión de 10 años como mínimo y 25 como máximo.

No serviría decir "creí que no pasaba nada", ya que al ser un principio general del derecho que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, no importa que el culpable no supiera que era delito lo que hacía, va a dar a la cárcel igual.

Estamos experimentando como sociedad el lamentable auge del culto a la "idiotez", si me permiten la palabra. ¿Será que la inherente atracción del ser humano a lo prohibido, tanto moral como legal, está siendo disparada por algo que no estamos identificando y atendiendo?

No soy experta en psicología jurídica -qué lleva a la gente a romper la ley-, pero estimo que el reciente auge de este tipo de fenómenos se debe a que la mercadotecnia nos ataca sutilmente, pero a la yugular, por dos lados: el ego y los sentimientos. El ego que alimentamos al sentirnos superiores a los demás por no vernos limitados por sus reglas y el sentimiento de euforia que nos provoca el violar lo establecido.

En tiempos recientes los "junkies" pasaron de ser exhibidos en la cultura popular como vagos o gente perdida, a ser retratados en el cine, en canciones o en el ambiente artístico en general como interesantes y exitosos. ¿Qué pasó?

Lo más reprobable de esta "novedad" es que promueve, entre las mismas personas y con ayuda del alcance masivo de internet, la cultura de las drogas bajo el telón de que éstas son "cool".

Frente a esto, tenemos la tarea de informar a la sociedad que este tipo de modas son un delito y un atentado contra la salud.

Debemos hacer un mayor esfuerzo con la educación en casa y en la escuela sobre lo dañinas que son las drogas y las consecuencias de utilizarlas, peor aún exhibirse en redes sociales consumiéndolas, promoviendo una conducta delictiva.

Formar adolescentes y jóvenes más responsables y conscientes nos beneficia a todos.


_____________________________
La autora es editorialista invitada
y estudiante de la Facultad Libre
de Derecho de Monterrey.


mariasantosv.blogspot.mx









___________________________________________



Aviso: Todo lo escrito es a título personal. Lo expresado en este espacio es exclusiva responsabilidad de la autora y no representa de forma alguna el criterio de ninguna institución a la que pertenezca.